Ley de Integridad Pública: funcionarios públicos podrían ser separados si tienen evaluaciones negativas
La Ley de Integridad Pública dice que los funcionarios que no pasen las evalaciones técnicas serán separados de sus cargos. Gremios presentarán demandas de inconstitucionalidad.
La recientemente promulgada Ley de Integridad Pública tiene preocupados, molestos y con miedo a los servidores públicos a quienes les ronda la duda sobre cómo, quién y cuándo serán evaluados.
La normativa dice que las evaluaciones serán técnicas de desempeño y cumplimiento de objetivos y quienes no las pasen serán separados de los cargos. El objetivo es fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
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En los consejos provinciales hay desacuerdo. Presentarán próximamente una demanda de inconstitucionalidad porque la consideran una ley regresiva de derechos.
"Estamos en desacuerdo en que ahora los sumarios administrativos ya no se los llevaría, no tendríamos opción a defendernos y los llevarían las propias unidades de talento humano y no el Ministerio de Trabajo como antes era", expresó Ivanova Córdova, representante de los empleados de Consejos Provinciales.
A los trabajadores del sistema de salud, esta ley les ha quitado el sueño. Están dispuestos a ser evaluados, pero se preguntan cómo alcanzar los máximos estándares si el propio Estado no les proporciona los insumos.
"¿Sobre qué excelencias va a valorar? Entonces, se vuelve tan subjetivo este tema que será a a la disposición del que entienda, o que sepa, o de cómo le caiga, o de que quieran votarle o de que quieran hacer lo que les dé la gana y entonces esto no podemos permitir", dijo Santiago Carrasco, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud.
También ellos irán a la Corte Constitucional a exponer sus argumentos. El gobierno dijo que no hay razón para tener miedo.
"No le preocupa al gobierno nacional que los funcionarios ineficientes estén preocupados", manifestó Carolina Jaramillo, vocera presidencial, el lunes.
El régimen con esta ley plantea reducir el gasto público que en salarios representa el 42% del presupuesto del Estado. En el primer semestre de este año se han destinado 4 718 millones de dólares solo para sueldos.
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— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) July 1, 2025
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