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La Ley de Comunicación fue firmada en 2013 por el entonces mandatario Rafael Correa. Foto referencial / Internet
Cambio otorga libertad de expresión a todos los ciudadanos.
Fue en el 2013, cuando Rafael Correa firmaba la polémica Ley de Comunicación o conocida como ley mordaza con la que durante su gobierno intentó controlar a los medios de comunicación, sus investigaciones y sus contenidos. Logró imponer sanciones y miedo, imponer su verdad y su propaganda.
Con organismos controladores que argumentaron la supuesta democratización de la información, dejaron abierta la puerta para enjuiciar a la prensa.
La segunda reforma a la Ley de Comunicación aprobada unánimemente hasta por los asambleístas del correísmo le quita al régimen y al Estado la potestad de control, al aceptar que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho humano.
Pero desde el pensamiento de quienes defendieron una ley controladora, se cree que la ciudadanía ha perdido el derecho a exigir información contrastada, a pedir réplica o a pedir rectificaciones, y creen que es una ley muerta.
La Ley de Comunicación deja a todos lecciones aprendidas acerca de los excesos de control del poder sobre la prensa, sobre la información que reciben los ciudadanos, pero también a los medios deja compromisos.
En América Latina, la comunicación como servicio público queda establecida en países como Venezuela.
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