La falta de mantenimiento y recursos agrava la situación, afectando no solo a jueces y funcionarios, sino también a los ciudadanos.
Los edificios donde operan las principales unidades judiciales de Esmeraldas muestran un deterioro progresivo que compromete la atención a los ciudadanos y las condiciones laborales de jueces y funcionarios. Las fallas van desde grietas, humedad y colapsos parciales hasta espacios saturados e inseguros. A esto se suma la falta de recursos y mantenimiento, lo que agrava una situación que lleva años sin solución.
En la Unidad Judicial Penal y el Tribunal de Garantías Penales, ubicados en el sur del cantón dentro del inmueble de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), la infraestructura está visiblemente comprometida. Allí, desde 2016, funcionan en 22 oficinas cedidas por la Policía Nacional. El edificio presenta secuelas del terremoto de ese mismo año y de otros sismos recientes. En los pasillos se notan manchas de humedad y las grietas aparecen desde las escaleras al segundo piso.
El archivo judicial ocupa cinco oficinas que ya están saturadas; los pasillos apenas permiten el paso de una persona. Dos de las cuatro salas de audiencia funcionan en espacios de apenas 12 metros cuadrados. En la zona destinada a ayudantes y secretarios judiciales trabajan hacinadas 15 personas. En ese mismo sitio, el tumbado colapsó el martes 8 de julio, tras un sismo de 4,6 grados.
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En total, allí laboran 36 servidores judiciales y 13 jueces. Sin embargo, esta dotación resulta insuficiente para atender con agilidad la carga procesal. "Hay ocasiones que los secretarios y el ayudante judicial no se alcanzan para el despacho diario de determinadas peticiones. Como no hay un juez de tránsito, casos que deberían resolverse rápido se demoran hasta tres meses", señala el abogado Luis Chasing.
Las condiciones también afectan directamente a los usuarios. Los baños están fuera de servicio, y en el exterior del edificio las grietas son más profundas y la maleza ha comenzado a trepar por las paredes. El Consejo de la Judicatura afirma que no puede intervenir el inmueble porque pertenece a la Policía Nacional. A pesar de tener un terreno propio en la parte posterior, aseguran no contar con los 3,7 millones de dólares necesarios para construir un nuevo complejo. Hoy, en ese espacio funciona una cancha de fútbol.
A unos diez minutos, en el centro de la ciudad, se encuentra el edificio de la Unidad Judicial Civil y Laboral, que sí es propiedad del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, también presenta deficiencias. En abril, un sismo provocó el colapso parcial de una división de vidrio en una de las oficinas. Las tres salas de audiencia carecen de equipos para realizar diligencias virtuales, y 21 funcionarios deben compartir una sola impresora.
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En esta sede también se han reportado goteras, presencia de moho en zonas de alta concurrencia como la recepción de escritos y humedad constante en los balcones debido a los compresores de aire acondicionado. Desde la institución se reconoce que tampoco hay fondos disponibles para una intervención urgente. Mientras tanto, el acceso a la justicia en Esmeraldas continúa deteriorándose, tanto para usuarios como para los operadores del sistema judicial.
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