28 sep 2021 , 13:07

Gobierno prevé invertir más de 4 millones de dólares en cárcel de Cotopaxi

El objetivo es recuperar y mejorar el sistema de seguridad en ese centro penitenciario.

Las evidencias de la destrucción durante el último amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ocurrido en julio pasado, aparecen a cada paso.

En los pabellones de mediana y máxima seguridad permanecen los impactos de bala de fusil, entre otras armas de fuego, en las ventanas de vidrio templado.

Son varios vidrios trizados, peligrosos, que en un eventual nuevo amotinamiento, los internos podrían convertirlos con facilidad en armas mortales.

Los privados de libertad también destrozaron las puertas, su sistema eléctrico que estaba empotrado en las paredes. Nada los detuvo para escaparse de los pabellones.

Aparentemente, las vallas de metal, las concertinas, entre otras seguridades, son suficientes para el control de la seguridad, pero no. Los guías penitenciarios relatan con asombro, que durante la crisis carcelaria, no hubo obstáculos para los presos.

Cuando escaparon de sus celdas destruyeron las cámaras de video vigilancia, los inhibidores de señal, telefonía móvil, que siguen despedazados en el suelo. Son visibles los impactos de bala en las paredes de la cárcel.

Es más, se tomaron las torres de control, ubicadas en las cuatro esquinas del centro penitenciario, rompiendo todo a su paso, para desde ese punto estratégico disparar sin discreción.

El hecho quedó registrado en un video. Algunas internas recuerdan el infierno que soportaron el día del descontrol carcelario. También incendiaron unas oficinas administrativas del SNAI, ubicadas en medio de los pabellones.

Frente a esta situación, el Gobierno invertirá más de cuatro millones de dólares en esta cárcel para mejorar la seguridad. Tres millones y medio en equipos de tecnología y el resto en obras de infraestructura. Para ello, buscó asesoramiento de expertos de Estados Unidos, a través de la embajada en Quito, que están recorriendo las cárceles.

El propósito es evitar el ingreso de armas, municiones y drogas. Un ilegal y rentable negocio por el que se disputan las bandas criminales en todos los centros penitenciarios.

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