Fiscalía y Ministerio de Gobierno investigan a alcaldes, prefectos y policías

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Gobierno de Ecuador han aunado fuerzas y conformarán equipos especializados para combatir cualquier acto de corrupción en Ecuador en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Así lo anunciaron este martes la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa celebrada en la sede fiscal provincial de Guayas, en Guayaquil.

"La Fiscalía conformó la fuerza de tarea multidisciplinaria, que será la encargada de conocer todos los casos que se generen a raíz de esta emergencia y solicitamos oficialmente al Ministerio de Gobierno que designe un equipo multidisciplinario a fin de dar apoyo a las investigaciones", expresó Salazar.

Por su parte, Romo aclaró que el grupo interagencial creado para combatir los delitos de corrupción será directamente supervisado desde la Comandancia de la Policía Nacional, al que se sumará la Policía Judicial para investigar a cargos políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.

La ministra confirmó que se han descubierto varias irregularidades, entre ellas, en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.

Dijo haber solicitado a la fiscal que siga la pista de las campañas de desprestigio en cuentas anónimas en redes sociales en contra de la Policía, al apuntar a que podrían haberse producido actos de "retaliación" por parte de sujetos relacionados con la corrupción.

También confió en que los órganos que imparten Justicia penal puedan actuar con la mayor urgencia posible, para evitar dilaciones en el tratamiento de las causas.

Confirmó que hay 45 investigaciones en curso, entre ellas en el IESS por la supuesta compra de terrenos "por cuatro o cinco veces el valor catastral".

Además, reveló que alrededor de una docena de agentes policiales son investigados y "serán sancionados por cometer irregularidades" y que cuatro de ellos han sido detenidos y "tendrán sus procesos disciplinarios".

Entre los casos más recientes de corrupción en plena pandemia, la Fiscalía de Pichincha realizó cinco allanamientos como parte de una investigación previa ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 por la Secretaría Metropolitana de Salud del Municipio de Quito.

El órgano fiscal también allanó la semana pasada la Prefectura de la provincia costera de Guayas y su empresa proveedora por el presunto delito de peculado en compras de insumos médicos, como pruebas rápidas para exámenes de detección del coronavirus.