FIDH pide que Canadá investigue futuros daños del proyecto Miramar en Ecuador

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Canadá que investigue los posibles daños que puede causar a las comunidades campesinas e indígenas el proyecto "Mirador", el primer contrato de explotación minera a gran escala de Ecuador.

Si bien el proyecto está en manos de la empresa de capital chino Ecuacorriente S.A. (ECSA), que en 2010 compró esa firma a la canadiense Corriente Resources, el grupo mantiene aún dos filiales en Canadá "justificando la presentación de la queja en Ottawa, precisó la FIDH en un comunicado.

"Canadá alberga el mayor número de empresas mineras del mundo y por ello debe cumplir sus obligaciones internacionales, incluyendo aquellas que contrae al ser estado miembro de la OCDE", agregó.

Además, Canadá "debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las compañías allí domiciliadas respeten los derechos humanos fuera del país, incluso si están domiciliadas en Canadá únicamente por motivos fiscales", declaró el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.

Según esa organización, el Proyecto Mirador "puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras",

"La Constitución ecuatoriana, que protege los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, debe ser respetada", subrayó la FIDH, con sede en París.

Ecuacorriente prevé producir unos 180 millones de libras de cobre al año de la mina a cielo abierto que empezará a explotar a finales de 2013, aunque estima que alcanzará su máximo de producción en 2015.

La minera china prevé invertir 1.200 millones de dólares en el proyecto "Mirador" situado en la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, donde grupos de habitantes, especialmente indígenas, se oponen al proyecto por el impacto ambiental.

Autoridades ecuatorianas y directivos de la compañía han coincidido en que el proyecto guardará los más altos estándares de protección ambiental para minimizar los eventuales daños.