24 may 2023 , 11:00

En materia medioambiental, Lasso se enfocó en Galápagos, pero desatendió otras zonas

Durante el Gobierno de Lasso se amplió la Reserva Marina de Galápagos y se canjeó deuda por preservar las islas.

La ampliación de la Reserva Marina de Galápagos y el canje de una deuda que mantenía Ecuador a cambio de la preservación del mismo archipiélago son los mayores logros en materia medioambiental conseguidos hasta ahora por el Gobierno de Guillermo Lasso, quien, por otra parte, no ha podido frenar la minería ilegal ni la contaminación de fuentes hídricas, así como tampoco ha puesto en marcha las plantas de energía renovables.

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En materia medioambiental, la actual Administración inició su gestión cambiando el nombre de la Cartera de Estado encargada de tratar estos temas.

En junio de 2021, un mes después de asumir su puesto como presidente de la República, Lasso modificó el nombre del Ministerio del Ambiente y Agua. De hecho, lo extendió. Pasó a ser el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Lea: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Según el jefe de Estado, quien este 24 de mayo cumple dos años en el poder y cuyo mandato concluiría en noviembre, la transformación del nombre buscaba promover "la transición hacia sistemas de producción y consumo sostenibles" de cara al año 2050.

Por casi dos años quien lideró este Ministerio fue Gustavo Manrique. Apenas en abril de 2023 Lasso movió a Manrique a la Cancillería de la República y en la Cartera de Ambiente posesionó a José Dávalos.

Gustavo Manrique, exministro del Ambiente y actual canciller de la República, junto al presidente Guillermo Lasso y su hermano, el actor y ambientalista Roberto Manrique, en una imagen de enero de 2022.
Gustavo Manrique, exministro del Ambiente y actual canciller de la República, junto al presidente Guillermo Lasso y su hermano, el actor y ambientalista Roberto Manrique, en una imagen de enero de 2022. ( )

Manrique promovió los proyectos en las Galápagos. Fue el impulsor de la ampliación de la Reserva Marina que rodea las islas. Este proyecto finalmente se cristalizó en marzo de 2022 luego que los altos representantes de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá acordaron ampliar el área de protección marina a 60.000 kilómetros cuadrados.

La reserva, denominada Hermandad, sirve de corredor para conectar Galápagos con la costarricense isla del Coco, conocido como la "migravía" por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas.

Por otra parte, con la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos la superficie marina protegida de Ecuador se incrementó al pasar de 13,3 a 19,3 millones de hectáreas.

El canje de deuda por la preservación de Galápagos

Para el Gobierno de Lasso las Galápagos además han significado una moneda de cambio. El pasado 9 de mayo Ecuador logró la mayor conversión de deuda por naturaleza del mundo realizada hasta la fecha.+

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La transacción consistió en cambiar una deuda comercial que mantenía el Estado por más de 1.628 millones de dólares por un nuevo préstamo de 656 millones. A cambio, Ecuador se comprometió a invertir alrededor de 17 millones de dólares anuales hasta 2040 para la conservación en Galápagos: 12 millones para actividades de conservación marina y 5,4 para crear un fondo de conservación permanente.

Para el Gobierno de Lasso las Galápagos además han significado una moneda de cambio.
Para el Gobierno de Lasso las Galápagos además han significado una moneda de cambio. ( )

Una herramienta similar se puso en práctica en septiembre de 2022 en Barbados, cuando el país logró completar una conversión de deuda por la naturaleza respaldada por una garantía de USD 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de The Nature Conservancy (TNC).

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Según Gregory Watson, especialista principal en Biodiversidad, Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, hay algo muy novedoso en este tipo de herramientas, el hecho de mezclar los incentivos financieros con la protección del medio ambiente.

"Normalmente una meta de conservación no tiene un incentivo financiero detrás. Esto es muy novedoso y hace que para los Gobiernos sea más factible el cumplimiento de metas medioambientales", explicó Watson a la agencia de noticias EFE.

Yutzupino, un ejemplo de la destrucción que deja la minería ilegal

En febrero pasado la Administración de Lasso intervino un área aproximada de 130 hectáreas en el sur de la provincia de Napo donde la minería ilegal había afectado gravemente la naturaleza.

Militares y policías llegaron a las comunidades de Yutzupino, San Silverio, Naranjalito y El Ceibo, pertenecientes al cantón Tena, para detener las actividades extractivistas que contaminaron el río Jatunyacu y devastaron zonas adyacentes.

Las actividades mineras en ese sector están concesionadas a una empresa privada, que asegura no haber participado en la destrucción de la zona.

Pese a ello, se comprometieron a remediar el área afectada, sin embargo existen denuncias de que ello no se ha cumplido a cabalidad.

Los proyectos de energía renovables que están detenidos

Durante el Gobierno de Lenín Moreno se anunció que se iban a construir dos plantas de energía alternativa. Una en El Aromo, provincia de Manabí, y otra en el Cerro de Villonaco, provincia de Loja.

En El Aromo se planeaba construir una planta de energía solar o fotovoltaica. En estos terrenos se iba a edificar la Refinería del Pacífico. En tanto que, en Loja, se planificaba la instalación de la central eólica Villonaco II y III.

En marzo pasado, y luego de una fase de negociación de dos años, la Administración de Lasso concesionó a la empresa española Solarpack del proyecto fotovoltaico "El Aromo". Según Lasso, la planta será una realidad en 2025, pero más allá de la firma no se ha conocido más detalles del proyecto.

Por otra parte, las propuestas de Lasso en materia medioambiental también fueron rechazadas en la última consulta popular. El Ejecutivo propuso incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero la ciudadanía no lo aceptó.

Asimismo, el rechazo a las políticas de Lasso se evidenció en la negativa a la octava y última pregunta del referéndum, que proponía compensar económicamente a quienes generen servicios ambientales.

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