Ecuador

En Guayaquil solo hay cinco jueces tramitando cientos de solicitudes de excarcelación

En el Puerto Principal se emiten hasta seis boletas de liberación por día.


09 oct 2021 , 19:04

En Guayaquil solo hay cinco jueces de garantías penitenciarias, quienes deben resolver cientos de trámites de excarcelación solicitados por los familiares de los privados de libertad. El déficit de los funcionarios judiciales se evidencia en medio de la crisis carcelaria, haciendo que ese proceso resulte más engorroso.

Tras la masacre del pasado 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 119 reclusos muertos, decenas de familiares de los reos y sus abogados llegan diariamente a la Unidad Judicial del Albán Borja, en el norte de Guayaquil, para tramitar la excarcelación de los privados de libertad. En el Puerto Principal se emiten hasta seis boletas de liberación por día.

Por otra parte, desde el 1 de septiembre hasta la primera semana de octubre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas ha recibido 149 solicitudes para régimen semiabierto, es decir libertad condicional.

Martha Macías, exdirectora de la cárcel de mujeres, busca liberar al menos 30 privados de libertad, pero dice que el procedimiento resulta engorroso.

"A nosotros no nos ha llegado información a pesar de que las carpetas han sido ingresadas desde hace cinco, seis y hasta ocho meses", dijo Macías a Ecuavisa.

En otro escenario están quienes quieren acogerse a un indulto, como el profesor Iván Vaca, de 81 años, quien tiene una sentencia de cinco años de prisión porque estuvo implicado en un accidente de tránsito en el que murió un motociclista en 2017. El maestro también está recluido en la Penitenciaría del Litoral.

Hoy sus exalumnos buscan liberarlo porque indican que Vaca corre peligro ante la constante violencia en la cárcel. Por ello el próximo lunes saldrán a protestar a las calles para exigir su libertad.

Esto en medio del anuncio del Gobierno Nacional que busca otorgar el indulto a 2.000 privados de libertad que no serían peligrosos para la ciudadanía.