EEUU veta la entrada del CEO de Meliá Hotels por negocios en Cuba

La cadena Meliá Hotels informó que su director general tiene prohibido viajar a Estados Unidos, cuyo gobierno alega los intereses comerciales de la empresa en Cuba en propiedades confiscadas por el gobierno, según reportó este jueves el diario español VozPopuli citando fuentes no identificadas.

 

En un comunicado, Meliá Hotels International S.A. dijo creer que otras 50 compañías han recibido avisos similares, pero no las nombró.

 

 

Gabriel Escarrer, CEO de la cadena de hoteles Meliá, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos

 

El director y vicepresidente de la compañía, Gabriel Escarrer, recibió la notificación del Departamento de Estado en octubre, dijo Meliá en su comunicado. La prensa española divulgó la prohibición el miércoles y la firma emitió su comunicado poco después.

 

“Meliá ha recibido alrededor de 14 cartas desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos dirigidas a la cúpula de la compañía hotelera”, reportó el rotativo español, el primero en dar la noticia sobre la activación del Título IV de la Ley Helms-Burton en el caso de Escarrer.

 

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, con unos 34 establecimientos, seguida por Iberostar, también española, con 20 hoteles.

 

Meliá afirmó que Estados Unidos sustenta su prohibición en una cláusula de la Ley Helms-Burton de 1996, que entre otras cosas permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que se hayan beneficiado de propiedades confiscadas por el gobierno que asumió el poder en Cuba tras la revolución de 1959.

 

El gobierno del presidente Donald Trump activó el año pasado una cláusula del embargo estadounidense a Cuba, que todos los presidentes anteriores mantenían suspendida debido a objeciones de otros países que hacen negocios con Cuba.

 

Lo más probable es que dicha activación provoque demandas judiciales y disputas comerciales con países como España, Francia y Gran Bretaña.

 

Meliá indicó que el gobierno estadounidense dijo haberle prohibido la entrada a Escarrer debido a que la administración de dos hoteles en Cuba depende de la cooperación entre dos filiales de la compañía y entidades públicas cubanas.

 

El gobierno estadounidense argumenta que los hoteles están construidos sobre terrenos expropiados a la familia Sánchez Hill a fines de la década de 1950, afirmó Meliá. La cadena hotelera agregó que los tribunales españoles han rechazado los reclamos de la familia sobre esos terrenos.

 

Meliá dijo que responderá a la medida en los tribunales y que solicitará apoyo a la Unión Europea y al gobierno español.

 

El gobierno español dijo que sólo sabía que Meliá era el objetivo del Departamento de Estado, no de otras empresas españolas.

 

"La UE y todos los Estados Miembros se han referido en varias ocasiones en contra de la reactivación de la ley Helms Burton y es una cuestión que se trabaja coordinadamente con otros Ministerios y la Comisión Europea", declaró el Ministerio de Relaciones de Exteriores de España en un comunicado.

 

En Cuba, el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, dijo a The Associated Press que tenía conocimiento de que los 14 miembros del consejo de administración de Meliá y sus familiares directos estaban sujetos a las sanciones de Estados Unidos.

 

"Lo rechazamos contundentemente", dijo Navarro en una conversación telefónica con a The Associated Press. Navarro recordó que el bloque comunitario no comparte los alcances extraterritoriales de la Helms-Burton, una ley que busca desincentivar que firmas de terceros países inviertan en la isla.

 

"Un país puede aprobar las leyes que quiera, puede gustarnos más o menos, pero en ningún caso pretender que las leyes se apliquen fuera de su territorio como está ocurriendo con el caso actual (del Helms-Burton)", expresó Navarro.

 

Por otro lado, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aplaudió la gestión de la administración del presidente Donald Trump, que en mayo del pasado año activó por primera vez en la historia los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, que permiten a ciudadanos norteamericanos y cubanos naturalizados demandar a compañías que inviertan en propiedades que les fueron incautadas por el gobierno cubano.

 

“Este es un excelente ejemplo del compromiso de la administración Trump con proteger a los americanos cuyas propiedades han sido confiscadas, y con defender el estado de derecho”, dijo Díaz-Balart, hermano del ex congresista Lincoln Díaz-Balart, quien codificó el embargo contra el gobierno cubano en el Congreso.

 

“Empresas inescrupulosas que continúan colaborando con el régimen antiamericano, ilegítimo y opresivo en Cuba no tienen derecho a disfrutar de las libertades y oportunidades que ofrece Estados Unidos. Este es solo el comienzo de la aplicación del Título IV”, agregó el político del sur de la Florida.