04 jun 2022 , 13:52

Ecuador destina 4 mil policías y militares a reforzar la frontera con Colombia

La Fuerza de Tarea Conjunta es la nueva estrategia del Gobierno para frenar la delincuencia

La formación de una "Fuerza de Tarea Conjunta", integrada por más de 4.000 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se concreta en la frontera norte con Colombia.

El grupo especial de élite, organizado a instancias de los ministerios de Defensa y del Interior, sumará 800 militares y 400 policías a los 1.300 soldados y 2.000 agentes que forman parte del contingente.

En una ceremonia en Esmeraldas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la estructura operacional tendrá un "mando unificado y ético", capaz de realizar labores de investigación e inteligencia para disolver las acciones que preparen bandas del crimen organizado.

El ministro agregó que esta "Fuerza de Tarea Conjunta" tiene como objetivo proteger las libertades y derechos de los ciudadanos y aprovechó para mencionar que en la Asamblea Nacional se debate al momento una Ley sobre el uso progresivo y gradual de la fuerza, que facilitaría las acciones de seguridad.

El ministro de Defensa, Luis Lara, destacó que la estrategia es nueva en la historia del país para defender la soberanía y democracia en Ecuador ante las amenazas del narcotráfico y otros tipos de delincuencia organizada.

"Los soldados estamos más unidos que nunca y comprometidos en la lucha por la patria. Esta es una batalla por las familias ecuatorianas", añadió Lara.

Las autoridades han reiterado que la estrategia responde a un plan integral de seguridad nacional propuesto por el Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal y sus delitos conexos.

El anuncio de la nueva fuerza de seguridad se da en un momento en que se ha recrudecido la inseguridad en el país, especialmente en algunas provincias costeras como la de Esmeraldas, que junto a Manabí y Guayas se encuentra desde finales de abril en un estado de excepción decretado por el Gobierno de Guillermo Lasso.

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