Ecuador destina 20 millones de dólares a su Política de Rehabilitación Social

El Gobierno de Ecuador presentará la próxima semana su nueva Política de Rehabilitación Social, la primera con enfoque de derechos humanos y que contará con 20 millones de dólares para su puesta en práctica, según avanzó en una entrevista a Efe la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.

"Se trata de una de las prioridades más altas del despacho presidencial", recalcó al defender que esta política busca "recuperar el sistema penitenciario en el Ecuador", que en 2021 fue triste escenario de encarnizadas disputas que dejaron en evidencia su debilidad y la fuerte penetración del narcotráfico.

No en vano, la ONU expresó su alarma por la situación de los derechos humanos en las prisiones de Ecuador después de que el año pasado se produjeran varias masacres entre bandas rivales vinculadas al tráfico de drogas, que dejaron más de 300 presos fallecidos.

LOS MÁS OLVIDADOS

La responsable del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS), constituido en octubre pasado, advirtió que las personas privadas de la libertad son las "más olvidadas tanto de la sociedad como del Estado", y que para poder restablecer sus derechos, Ecuador se ha asesorado con Naciones Unidas y la Unión Europea (UE).

Tanto el Alto Comisionado de Derechos Humanos como el programa PAcTo (de asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado en Latinoamérica), financiado por la UE, han colaborado en este objetivo, pero también experiencias de países como Italia, Portugal o Francia en cuestiones como escuelas en prisiones, seguridad interna, o formación de guías penitenciarios.

A diferencia de anteriores directrices estatales de corte "securitista" esta es, según Ordóñez, la "primera política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos", que "pone a la persona privada de libertad en el centro".

Se espera que sea presentada la próxima semana en un acto oficial en la sede presidencial y consta de una docena de ejes de trabajo que se corresponden con doce derechos fundamentales para los reclusos como salud, educación, cultura, deporte, arraigo social, todos ellos, bajo la transversalidad de un enfoque de derechos humanos y el apoyo de la cooperación y organizaciones aliadas.

Asimismo, incluye 308 líneas de acción, directrices que estipulan claramente "la actividad que debe realizar cada ministerio en un plazo de tiempo determinado a fin de cumplir con el objetivo de la rehabilitación social", precisó.

La Política incidirá con especial atención en la educación, trabajo y la prevención de la violencia.

"El 40 % de las personas privadas de libertad nunca tuvieron una experiencia de trabajo previa, la gran mayoría son jóvenes de 25 años que no completaron su educación. Entonces la violencia e inseguridad también se combaten con políticas de acceso al empleo, a la educación y uno de los ejes más importantes es la prevención de la violencia", subrayó.

Esos datos recabados con base en diferentes estudios le hacen llegar a la conclusión del "olvido del Estado tanto en las atenciones a los derechos fundamentales, cuanto al descuido de la Administración y la gestión del sistema penitenciario".

Por otra parte, el Organismo Técnico promociona la articulación interinstitucional del Estado en la que trabajan carteras del eje social en coordinación con otras como la de Justicia, con el propósito de dar una respuesta integral a la situación en la que viven cerca de 39.000 presos en el país.

En total 2.600 personas, entre presos, familiares, exconvictos y organizaciones de la sociedad civil fueron entrevistadas para poder conocer a detalle el contexto penitenciario del país, encuentros liderados por un experto de la ONU, indicó la presidenta el SNRS.

REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD

Respecto a la inseguridad que se vive en las cárceles, con escaramuzas constantes entre bandas instaladas en pabellones donde imponen su orden y con más recientes ramificaciones fuera de los centros penitenciarios, la alta funcionaria cree que la nueva política va a tener un impacto inmediato a mediano y a largo plazo.

Argumenta, en este sentido, que el perfil delictivo en el país refleja que los menores comienzan a delinquir a los 10 años, a los 15 cometen delitos mayores, y a los 20 ya están en el sistema penitenciario, por lo que la prevención de la violencia intrafamiliar o la educación son vitales.

Dentro de las acciones urgentes para paliar la inseguridad que se desarrollan junto con el servicio penitenciario SNAI, están la elaboración de un censo penitenciario y estrategias de intervención, especialmente a la luz de los últimos amotinamientos y los altos índices de hacinamiento, como el del 62 % en la principal prisión de Guayaquil, donde se produjeron las últimas matanzas.

Y es que, según concluye Ordóñez, "lo que se vive dentro de los muros de las cárceles se refleja hacia fuera. Es un problema de doble vía y por eso debe trabajarse tanto dentro como fuera". EFE