Diana Salazar reclama por “injerencia” de Secretaría Anticorrupción en investigaciones de Fiscalía

En medio de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado por los presuntos casos de corrupción en hospitales públicos, la titular del Ministerio Público, Diana Salazar cuestionó el accionar de la Secretaría Anticorrupción en estos temas.

En un oficio firmado por la fiscal general, con fecha del 6 de mayo de 2020, y enviado a, entre otras autoridades, el presidente de la República, Lenín Moreno, Salazar rechaza lo que considera injerencias de esta entidad en el trabajo de la Fiscalía. 

“Desde el 16 de marzo de 2020, fecha en la que usted acertadamente decretó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, a nivel del sistema de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se han suscitado una serie de actos de corrupción, entre otros, aquellos derivados de la contratación de insumos médicos o equipos de bioseguridad necesarios para equipar y suministrar a los establecimientos que prestan servicios públicos”, menciona. 

“Bajo estas dolorosas circunstancias que le ha tocado enfrentar al país, desde la Fiscalía General del Estado y dentro del marco de sus competencias, se ha habilitado todo el aparataje para que, a través de las diferentes Fiscalías Provinciales, se inicien de oficio todas las investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública en estado de excepción, y en todos los casos que se generan de la corrupción de funcionarios públicos, mismos que se tramitan desde la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a nivel nacional”, indica. 

“Actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”, asevera Salazar.

Según la titular del Ministerio Público, “este accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia”.

“Es necesario revisar cuáles son las funciones y atribuciones que por mandato constitucional y legal le corresponde a la Fiscalía General del Estado, así como, determinar cuáles son las atribuciones de la Secretaría Nacional Anticorrupción”, precisa. 

Asegura que “el marco constitucional y legal que rige la convivencia social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.

“Recae en la Fiscalía General del Estado la total responsabilidad de articular su aparataje institucional con el fin de cumplir única y estrictamente su mandato constitucional, sin que medie injerencias de ningún otro ente público estatal”, señala el oficio de Salazar enviado al primer mandatario. 

“Es decir, Señor Presidente, que las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente, por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción, a través de su titular, el señor José De La Gasca, al emitir pronunciamientos en redes sociales que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentre gestionando”, asevera la fiscal general en una parte del texto.

Además, añade la funcionaria, “resulta imperioso que, desde el ejecutivo, se analice si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado”. 

En un comunicado del 4 de mayo de 2020, la Secretaría Anticorrupción asegura que investiga con rigurosidad todas las alertas de actos de corrupción que se generan por diversos canales.