13 jun 2022 , 11:24

Clases presenciales no se suspenderán en el país, insiste ministra de Educación

Según María Brown, las manifestaciones han provocado que 40.000 estudiantes no asistan a las aulas.

Las clases presenciales no se suspenderán en Ecuador pese a las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en distintas provincias, insistió este lunes 13 de junio la ministra de Educación, María Brown.

"Hoy más que nunca debemos buscar que la educación presencial continúe, que no se piense en la posibilidad de cerrar las aulas, y si es que la situación lo amerita por alguna emergencia, las aulas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir, siempre", dijo la funcionaria en un video.

Según Brown, las manifestaciones de este lunes han provocado que 40.000 estudiantes de Loja, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Los Ríos, Imbabura y Guayas no asistan a las aulas.

La cifra, de acuerdo a la ministra, representa menos del 1 % de la totalidad de estudiantes en el país.

Acotó que de existir nuevos cierres viales que limíte el arribo de estudiantes y docentes a las escuelas, se analizará puntualmente si las clases en esos establecimientos continuarían en modalidad virtual y que esa decisión será informada a través de los distritos educativos.

Brown dijo que la paralización de clases debido a la pandemia ya afectó a los menores. "En Ecuador hay una pérdida de aprendizaje de 1,8 años", aseveró.

La Conaie ha asegurado que la protesta de este lunes arrancó "luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)".

Según la Confederación, en la movilización participan también sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales con una agenda que incluye diez temas en materia económica y derechos.

Los grupos sociales exigen que haya "una reducción y no más subida del precio de los combustibles", pese a que el Gobierno ha congelado el coste del galón de la gasolina de mayor consumo.

Asimismo, piden "la moratoria de un año (para más de cuatro millones de familias) en el sistema financiero para que paguen sus deudas", así como precios justos de los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales.

Los manifestantes se oponen a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua, piden que no se privaticen los sectores estratégicos y demandan la aplicación de políticas de control y especulación de precios.

Entre las demandas al Gobierno también figura la asignación de más presupuesto para los sectores de la salud y educación, y la generación de políticas públicas de seguridad y protección.



Noticias
Recomendadas