04 abr 2022 , 16:44

Aspirantes a la CTE debían pagar por todo en su formación: comida, seguro médico y más

A 2.800 sube el número de presuntos perjudicados de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

A 2.800 sube el número de presuntos perjudicados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Los aspirantes pagaron hasta los colchones y camas donde dormían, pero los cursos de formación y el proceso de selección fueron suspendidos.

La anterior administración hizo dos convocatorias sin que los alumnos tengan garantizado un cupo dentro de la institución, dicen las actuales autoridades.

Las aulas de clases de los aspirantes de la CTE lucen vacías desde diciembre de 2021, fecha en que se interrumpieron las actividades académicas para 1.400 alumnos.

Según la CTE, en la anterior administración se hizo esta convocatoria sin presupuesto por lo que, una vez graduados, no iban a ser contratados por la institución, ya que no existía recursos respaldados en una partida presupuestaria para el pago de sus sueldos.

Yordy Peñafiel, padre de uno de los perjudicados, está decepcionado e indignado, pues ellos tenían que pagar todo.

Pero hay más. Por primera vez en la historia, los solicitantes debían cancelar 3.600 dólares por alimentación, 240 por seguro médico, 1.740 por formación profesional privada. Si estos valores los multiplicamos por los 3 años que dura el curso de formación, son 16.740 dólares que debía tener cada aspirante para poder graduarse.

La CTE realizó 2 convocatorias para formar a uniformados por lo que el número de presuntos perjudicados no serían 1.400 aspirantes, sino el doble.

La abogada Zaida Rovira recibió la denuncia de varios postulantes y afirma que son 2.800 afectados, tanto de los cursos de formación como del proceso de selección. Ambos fueron suspendidos por falta de presupuesto del Estado.

Los padres de los 2.800 candidatos están a la espera de la decisión que tome la Comisión de Tránsito, ya que un juez de Pasaje, en la provincia de El Oro, a finales de marzo de este año dispuso que los cursos sean reinstalados, aunque eso no garantiza que los uniformados sean contratados por el Estado cuando culminen su formación.

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