Asamblea Nacional deberá aprobar una ley para regular el aborto por violación

La Corte Constitucional publicó su dictamen sobre la despenalización del aborto en caso de violación. La Asamblea Nacional tendrá en sus manos una reforma legal para elaborar un texto que reemplace al declarado inconstitucional.

La Corte Constitucional dejó en claro cómo se debe proceder una vez que ha declarado que no se penalizará a las mujeres que se sometan a abortos por embarazos ocasionados por una violación.

Para eso la corte constitucional dispuso que en un plazo de dos meses la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley "que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión". Para eso deberá contar con la coordinación de diversas entidades gubernamentales y la participación de la sociedad civil.

Una vez que presenten el proyecto, este pasará a la asamblea, que tendrá seis meses para debatirlo y aprobarlo y en ese debate "deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual ".

Pero la corte no se quedó ahí. También sugiere que en el artículo 150 del código penal se incluye un número en el que se especifica que el aborto no será penalizado "si el embarazo es consecuencia de una violación".

El fallo de la Corte estará vigente desde que se publique en el registro oficial y en el documento se aclara que para que una mujer pueda ejercer este derecho no se deberá esperar una sentencia a su agresor sexual. Sugiere que la asamblea ponga como requisito la existencia de una denuncia, el respectivo examen médico o una declaración jurada en el caso.

El constitucionalista, Rafael Oyarte, es crítico de la decisión tomada por la corte y cree que el riesgo es que esta también sea impracticable.

Además, la asamblea deberá decidir, sobre parámetros científicos, el tiempo máximo de gestación hasta el que se podrá interrumpir el embarazo y blindar a los médicos que actúen sobre esta disposición.