17 jun 2025 , 16:55

Preocupación en el gremio minero de Ecuador por la negativa del Gobierno a negociar tasa

Hay inquietud en la Cámara de Minería de Ecuador porque no se ha negociado la implementación de una tasa de fiscalización impuesta al sector y contrasta con los acuerdos alcanzados en una pasada reunión con funcionarios del Gobierno

   

La Cámara de Minería de Ecuador (CME) mostró este martes su "preocupación" ante la posición de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, de no negociar la implementación de una tasa de fiscalización recientemente impuesta al sector, y sostuvo que contrasta con los acuerdos alcanzados en una pasada reunión con otros funcionarios del Gobierno.

Según la CME, el pasado jueves se estableció en una reunión con el Viceministerio de Minas y con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) que se iban a instalar desde esta semana mesas de trabajo para revisar de forma conjunta y técnica dicha medida.

Este compromiso estaba "en línea con las señales de apertura al diálogo mostradas previamente por el equipo de la Presidencia de la República, que había manifestado su disposición a revisar el tema con responsabilidad y apertura institucional", aseguró la Cámara en un comunicado.

Tras la reunión, el gremio minero pidió el sábado la suspensión de la aplicación de esa nueva tasa de fiscalización mientras dure el proceso de negociación. Sin embargo, Manzano dijo el lunes que la medida estaba "en firme" y "ni para negociar ni para dilatar el proceso"."Esta es una tasa que requiere la Arcom.

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Realmente, cada día nosotros estamos en deuda con estar atrás de la minería ilegal. Necesitamos los recursos económicos y la tasa es una contraprestación por un servicio que vamos a dar", aseguró la ministra en una rueda de prensa.Con esta tasa, el Gobierno pretende recaudar 229 millones de dólares anuales para fortalecer el control y la vigilancia para combatir la minería ilegal.

Para la CME, la aplicación inmediata de esta tasa, sin el análisis técnico acordado, "pone en riesgo la viabilidad de los proyectos formales, especialmente aquellos en etapa de exploración, y compromete la seguridad jurídica del país".Además, consideró que "genera incertidumbre para la inversión y debilita los esfuerzos por construir una política pública sostenible y responsable".

El gremio reiteró su apertura "al diálogo, la legalidad y el desarrollo responsable del sector minero".

"Confiamos en que se respete el proceso iniciado y nos mantenemos a la expectativa de que se instalen las mesas técnicas acordadas, como un espacio indispensable para revisar esta medida con criterios de proporcionalidad, viabilidad y responsabilidad social", concluyó.

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