Así han usado los municipios y prefecturas los recursos de emergencia en compras públicas

Desde la quincena de junio del 2025, 16 municipios y prefecturas de Ecuador se han declarado en emergencia, según el sistema del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop).

La mayoría de estas declaratorias son justificadas bajo la causal de catástrofes naturales, al existir daños por la temporada invernal en vías, viviendas y sistemas de agua potable. Sin embargo, también se ha proclamado este recurso por la situación de inseguridad, como ocurrió en Playas.

Una de las implicaciones de la declaratoria de emergencia, de acuerdo a las leyes para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Contratación Pública, es la facilidad de hacer contrataciones emergentes, es decir, se podrá hacer adquirir un servicio de manera directa para solventar un problema puntual.

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Sin embargo, en varios casos, este recurso es usado para poder activar todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno presentes para atender la problemática.

Un ejemplo de ello fue el cantón Putumayo, cuya emergencia consistía en atender a familias afectadas por el desbordamiento de dos ríos. Una vez que pudieron ayudarlas junto a otras entidades, la emergencia fue declarada como superada.

La medida también sirve para poner restricciones en horarios de circulación y horarios de atención en determinadas actividades económicas, como ocurre en Playas tras la masacre en julio pasado. El cantón guayasense no ha emprendido ninguna contratación referente a esa problemática.

De las emergencias de los 16 gobiernos autónomos, al menos cinco sí han usado procesos de contratación pública emergentes: Calvas (Loja), Mocache (Los Ríos), Gonzalo Pizarro (Sucumbíos), Chillanes (Bolívar) y la Prefectura de Tungurahua.

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El Municipio de Calvas se declaró en emergencia por daños en su sistema de agua potable, por lo que desembolsó USD 127 242 para la reposición y colocacion de una tubería de hierro dúctil.

Mocache decretó esta medida por el hundimiento de su malecón, pues el deslizamiento del muro de contención representa una afectación critica a la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento ambiental.

Por ello, el municipio riosense publicó un proceso de contratación emergente llamado “Ejecución de obras para el fortalecimiento estructural y regeneración del Malecón Antonio Andrade" valorado en USD 577 770.

En Chillanes se declaró emergencia ante afectaciones graves causadas por ráfagas de viento a viviendas y cultivares agropecuarios, por lo cual cancelaron USD 5 749 para adquirir 602 hojas de zinc para 146 familias perjudicadas para el vendaval.

El cantón amazónico Gonzalo Pizarro empleó cinco contrataciones emergentes por la contaminación de hidrocarburo en sus cuerpos de agua por USD 110 928:

La Prefectura de Tungurahua se ha declarado dos veces en emergencia desde junio para arreglar dos acequias, antiguos sistemas de irrigación. Para ello desembolsaron en total USD 87 mil.