Asamblea acoge veto presidencial de la Ley de asociaciones público-privadas

Por: Teresa Menéndez Torres

Ecuavisa.com

 

Con 89 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la Asamblea Nacional se allana totalmente, este 15 de diciembre de 2015, al veto parcial del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera.

 

En el último día de plazo, la Asamblea tramitó las 10 objeciones del Ejecutivo a la ley, que busca atraer inversiones al país. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Lídice Larrea, sugirió al pleno aceptar los cambios del presidente de la República, Rafael Correa, al cuerpo legal.

 

El proyecto ha generado algunas diferencias en el bloque de los legisladores oficialistas. Una de ellas respecto a los límites de hectáreas que se establecen para el pago de Impuesto a la Tierra en la Amazonia. Según Vethowen Chica, se logró un consenso. “En el debate interno nos pusimos de acuerdo, en razón de que hasta 2017 corren las 70 hectáreas exoneradas del pago del impuesto”.

 

 

 

 

El opositor Moisés Tacle cuestionó la objeción relacionada con la Contraloría General del Estado para auditar los estados financieros de las empresas mixtas. “Nos preocupa porque en el veto del Ejecutivo se establece que la Contraloría no podrá hacer la auditoría directa de los estados financieros en las empresas de economía mixta”.

 

Patricio Donoso, asambleísta del movimiento CREO, rechazó el impuesto del 2 por mil para el sector empresarial de Guayaquil. “Dejan vigente el impuesto zombie del 2 por mil a las actividades industriales de la ciudad de Guayaquil, una barbaridad”.

 

 

 

 

La ley es una propuesta del régimen que mediante 30 artículos plantea beneficios que, según sus proponentes, apuntan a incrementar la liquidez y competitividad de las empresas: exenciones de Impuesto a la Renta (IR); del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); del fomento de transacciones en mercado de valores; y, de la reducción de costos de transacción generados por excesivos trámites, entre otras medidas. 

 

De igual manera, la exoneración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las micro y pequeñas empresas, como de cervecería artesanal.

 

Asimismo, busca incrementar la eficiencia de las empresas públicas, con la generación de nuevos instrumentos de asociación pública-privada.

 

El ministerio coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad estuvo a cargo de las jornadas de difusión del proyecto entre los representantes del sector privado. En su momento, la extitular de esta secretaría de Estado, Nathalie Cely, resaltó dichos incentivos. Días antes de su remisión al legislativo, el 15 de octubre de 2015, la entonces funcionaria presentó su renuncia, la cual el propio presidente de la República, Rafael Correa, atribuyó a “discrepancias”, al no compartir la visión del mandatario.

 

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el 27 de octubre de 2015 y retornó con una objeción parcial del Ejecutivo. Ingresó al parlamento con el carácter de económico-urgente. La ley será remitida al Registro Oficial para su respectiva publicación.

 

 

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