- Daniel Noboa en una fotografía de archivo.( )
Es como si muchas piezas estuvieran sobre una mesa, pero desconectadas. En menos de un mes de gobierno, se han tramitado tres leyes complejas que, en teoría, ayudan al presidente Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Sin embargo, el abordaje de la Ley de Solidaridad, la de Inteligencia y, ahora, la de Integridad, ha sido tan aparatoso que se han despertado dudas innecesarias que, incluso, pueden distorsionar los propósitos del Gobierno con estos proyectos.
Por ejemplo, el cúmulo de demandas de inconstitucionalidad que pueden presentarse ante la Corte Constitucional por el fondo y por la forma de cada una de esas leyes.
Es decir, habrá muchos colectivos a los que les preocupe que el Presidente de la República otorgue indultos a policías o militares con excesiva laxitud, tomando en cuenta lo que ocurrió en diciembre pasado con el caso Las Malvinas.
No solo eso, preocupa que en la necesidad de evitar que los adolescentes sigan siendo reclutados por el crimen organizado se maneje sin ninguna prudencia el aumento de sus penas, contraviniendo criterios jurídicos de protección que, gusten o no, son parte del tejido democrático y hasta de las convenciones internacionales, con lo cual el Estado pudiera ser demandado en el futuro.
La misma preocupación ronda sobre la facilidad con la que el personal de inteligencia del Gobierno pueda interceptar y vigilar la vida de personas que no necesariamente sean parte del crimen organizado. Y que el espionaje se traslade a los opositores, periodistas o activistas que incomodan al poder.
Estos temas de fondo no son los únicos que pueden ser cuestionados por la Corte Constitucional. Los de forma también pueden tirar abajo la estantería jurídica que Carondelet ha creado en estas pocas semanas.

Lo más notorio: que se use la vía expedita que tienen los proyectos económicos urgentes, de obligatorio tratamiento en 30 días, para incluir reformas polémicas en temas penales y de seguridad. No solo que se incumple el principio de unidad de materia, sino que se inadvierten procedimientos clave para la convivencia política del país.
Más de un jurista ha repetido, por ejemplo, que más temprano que tarde todos estos cambios –por el fondo y la forma– pueden ser invalidados en la Corte Constitucional. Si hay una alta probabilidad de que ello ocurra, ¿por qué el Gobierno arriesga todo su esfuerzo y compromete su misión?
Hace falta que el Presidente una todas estas piezas y les dé un sentido narrativo sólido, que aclare dudas y se establezcan las agendas y su por qué.
Sin dejar de mencionar que los ministros De la Gasca y Reimberg han sido los principales voceros de estos últimos meses, hace falta la mirada del estadista que no solo dé explicaciones de cómo marcha el gobierno, sino que teja compromisos genuinos por cuidar la democracia y respetar a quien piensa diferente.
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