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Lo ocurrido los últimos días en torno a la clausura y futuro del estadio emblemático de los quiteños es otra muestra del deterioro integral de las entidades públicas, desesperadas por controlarlo todo, así no cuenten con los medios ni la capacidad para hacerlo con eficiencia.
Como siempre, esa niebla espesa con la que el populismo cubre todos los debates se posó en este, donde tres instituciones se arranchan la administración de un vejestorio sin tener claro cómo ponerle a tono con las necesidades de los ciudadanos, con el entorno urbanístico de la capital y el engrandecimiento del deporte.
El Municipio de Quito, el Ministerio del Deporte y la Concentración Deportiva de Pichincha parten su discusión desde un elemento emotivo que poco cuenta para los verdaderos problemas que tiene el Olímpico Atahualpa.
Ahora recuerdan que este estadio es el símbolo de las glorias de la Tri por sus clasificaciones mundialistas. Lo hacen ocho años después de que la Selección dejara de jugar ahí, precisamente, por el deterioro de su infraestructura. ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo? Nada.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hurgó en la herida cuando el Municipio decidió clausurar sus instalaciones, anunciando el proceso de reversión de todo el inmueble.
Lo del Atahualpa no era una promesa de su campaña en 2023, es un comodín político para fortalecerse en estos meses en los que se cocina un proceso de revocatoria de su mandato.
La Concentración Deportiva de Pichincha, ahora que está con el agua al cuello, defiende su rol como propietario y administrador del Estadio, a sabiendas de que nunca ha tenido recursos ni capacidad institucional para mantenerlo, peor para tumbarlo y hacer uno nuevo.
Mientras que el Gobierno, hábil como es, prácticamente cooptó a la Concentración para que esta le permita asumir el control del escenario, abriéndose otro foco de disputa con la Alcaldía, que derivará en tensiones políticas y una ácida polarización.
Eso es lo único que les interesa, porque nadie tiene claro qué hacer con el estadio y, lo más complejo, con qué plata hacerlo.
Esta discusión, en el terreno de la opinión pública, se agotará en un par de semanas. Y ya sea que el Municipio se quede con el control o el Ministerio del Deporte, lo más seguro es que no pasará nada, porque simplemente no hay una visión.
El Municipio tiene poca ambición estética y urbanística para asumir el derrocamiento del estadio y crear uno de vanguardia, que sea un referente deportivo y arquitectónico para la ciudad. Por eso a la Alcaldía se le ha escuchado hablar de una remodelación.
Pabel Muñoz es un convencido de que todo lo tiene que hacer el Estado y gestionar, a lo mucho, una alianza público privada. Por tanto, no habrá todo el capital que se necesita (30, 70, 100 millones de dólares) para esa obra.
El Gobierno, más distante con este tipo de obras de carácter local, se moverá con lentitud y quizá termine también por dar una mano de gato a una estructura que no tiene un valor patrimonial que amerite conservarlo.
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Así las cosas, la suerte del Olímpico Atahualpa quedará a expensas del ambiente político de los próximos meses e inmerso en un debate bobo, donde a lo único que se apela es al factor emocional de la Tri, en lugar de gestionar este proyecto desde una lógica productiva, empresarial, turística y arquitectónica que no solo garantice los mejores estándares para la competencia deportiva internacional, sino que mejore el autoestima de los quiteños.
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