Polémica en España por sentencia que posibilita liberación de terroristas

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la llamada "doctrina Parot" y abre la puerta a la liberación decenas de terroristas condenados por múltiples asesinatos, provocó hoy una fuerte polémica en España.

 

El Gobierno destacó que acatará esa sentencia pero que no cambiará "ni un punto" su política penitenciaria ni antiterrorista, mientras las víctimas de la banda terrorista ETA no ahorraron en críticas a la decisión del Tribunal europeo.

 

Frente a estas posturas, el Ejecutivo regional vasco consideró "una oportunidad" para reflexionar sobre el futuro de los presos de ETA la sentencia del Tribunal europeo, que hoy anuló la citada doctrina en una sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río, para la que exige su puesta en libertad.

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español, conocida como "doctrina Parot" -toma su nombre del etarra Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone una prolongación de la estancia en la cárcel.

 

Inés del Río, etarra que está condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, recurrió esta doctrina y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en un fallo definitivo emitido hoy, pide -con 16 votos contra 1- su excarcelación.

 

En la sentencia dice -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (no hay pena sin ley).

 

El fallo se refiere a un caso concreto, pero abre la puerta a la revisión de muchas condenas de presos que en los próximos meses podrán salir de la cárcel.

 

La mayoría de estos reos son miembros de ETA, pero también los hay que cumplen penas por delitos de violación o asesinato, que tuvieron una fuerte repercusión social en España.

 

En rueda de prensa conjunta de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, el Ejecutivo español expresó hoy su solidaridad con las víctimas del terrorismo y aunque acata la sentencia, dejó claro que este varapalo no hará cambiar "ni un punto" su política penitenciaria ni antiterrorista.

 

Ambos ministros recordaron que el Gobierno ha empleado todos los instrumentos a su alcance para mantener una doctrina que en 2006 sentó el Tribunal Supremo y avaló después el Constitucional y cuyo objetivo era impedir que se castigara igual al que comete un asesinato que al que perpetra 20.

 

Sin embargo, el Gobierno regional del País Vasco consideró hoy que la sentencia del TEDH es una "oportunidad" para iniciar una "reflexión compartida" sobre la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA.

 

Este fallo se produce justo dos años después del comunicado que anunciaba el cese definitivo de la violencia de ETA, una organización que, según el ministro del Interior, fue derrotada y "no volverá".

 

Por su parte, el Partido Socialista principal grupo de la oposición, expresó a través de su secretario de Organización, Oscar López, que "acata" la sentencia pero que le "repugnan" las consecuencias que pueda tener en algunos casos, porque "no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24".

 

Los más beligerantes con el fallo fueron las asociaciones de víctimas, que no ahorraron calificativos, frente a la izquierda independentista vasca, que reclama la derogación de la "doctrina Parot" y que se libere a "todos los presos que han cumplido sus condenas".

 

La Audiencia Nacional, tribunal que en España juzga los delitos de terrorismo, estudiará mañana en un pleno extraordinario si debe excarcelar a del Río tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

 

Además, anunció hoy que revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por este fallo.

 

Entre los posibles beneficiarios de esta nueva jurisprudencia figura Domingo Troitiño, uno de los autores del atentado en los grandes almacenes Hipercor de Barcelona en 1987, que causó 21 muertos y 45 heridos.

 

Troitiño fue detenido en Londres en 2012 a requerimiento de España y tras conocerse el fallo del TEDH, el Tribunal Superior de Londres anunció que mañana se pronunciará sobre su caso.