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México justifica la entrega de narcotraficantes a EE. UU. como medida de seguridad nacional
El gobierno mexicano aclara que la operación se realizó bajo el marco legal y responde a riesgos de seguridad.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ómar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Ciudad de México (México).( )
El fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, afirmó este viernes 28 de febrero que la reciente entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos no se trató de una extradición formal, sino de una acción justificada bajo la Ley de Seguridad Nacional, en respuesta a una solicitud del gobierno estadounidense. Entre los delincuentes trasladados figuran Rafael Caro Quintero y los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
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Entrega de narcotraficantes bajo la Ley de Seguridad Nacional
El fiscal Gertz Manero explicó que la entrega de los criminales fue autorizada bajo el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana, los cuales permiten medidas excepcionales cuando la seguridad del país está en riesgo.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en su territorio, lo que coincide con los procesos judiciales y pruebas que tenemos en México”, explicó Gertz.
A pesar de la relevancia del operativo, el funcionario enfatizó que no se trató de una extradición convencional, sino de una decisión fundamentada en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Riesgo de fuga y amenaza a la seguridad
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que la entrega de los 29 criminales respondió al temor de que pudieran ser liberados debido a retrasos en los procesos judiciales o inconsistencias en las órdenes de extradición.
“Algunos de estos individuos eran requeridos desde hace más de 40 años y representaban una amenaza no solo para México, sino también para Estados Unidos”, declaró Harfuch.
Los delincuentes estaban vinculados a delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, lo que llevó al gobierno mexicano a priorizar su entrega antes de que pudieran evadir la justicia.
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Presión de EE. UU. y la amenaza de aranceles
La entrega de los capos se produjo en un contexto de creciente presión del gobierno de Donald Trump, quien ha exigido medidas más estrictas contra el tráfico de fentanilo y migrantes. En las últimas semanas, Trump ha advertido que impondrá aranceles del 25 % a México y Canadá si no implementan acciones contundentes para frenar la crisis de drogas y seguridad.
Esta decisión también se ve afectada por el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., que está evaluando si algunos de los narcotraficantes extraditados podrían enfrentar pena de muerte. Ante ello, Gertz Manero aseguró que el gobierno mexicano tiene acuerdos internacionales que deben garantizar que no se aplique esta sanción a sus ciudadanos.
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México ha señalado que seguirá trabajando en cooperación con Washington, pero bajo el principio de respeto mutuo a su soberanía y a las leyes nacionales de ambos países.
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