Jueces de EE.UU. bloquean deportación de venezolanos tras fallo de la Corte Suprema

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha invocado la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones sumarias de individuos presuntamente vinculados a actividades criminales. Esta ley, que ha sido utilizada en momentos excepcionales a lo largo de la historia, como durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales, ha sido reactivada con el objetivo de deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. A pesar de la legitimidad de la ley, la Corte Suprema ha asegurado que estos migrantes aún tienen derecho a un debido proceso antes de ser deportados.

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El caso más reciente se centra en cinco venezolanos, que se enfrentan a la posible deportación bajo este marco legal. Sin embargo, jueces federales en Nueva York y Texas han intervenido temporalmente, bloqueando la expulsión mientras se resuelven sus impugnaciones.

Los jueces de Nueva York y Texas emitieron órdenes de restricción temporal que impiden la deportación inmediata de los venezolanos. Alvin Hellerstein, juez de distrito en Nueva York, y Fernando Rodríguez, en Texas, argumentaron que la expulsión inmediata podría causar daños irreparables a los involucrados. En sus fallos, los jueces subrayaron que, de ser deportados erróneamente, los migrantes no tendrían opciones para regresar a EE.UU. una vez fuera del país.

Este fallo refuerza el derecho a un debido proceso para aquellos que enfrentan deportación, especialmente en casos donde su vinculación con actividades criminales no está completamente probada. En este sentido, los abogados de los deportados argumentan que muchos de sus clientes han sido blanco de acusaciones infundadas, principalmente basadas en tatuajes, y no en pruebas concretas de ser miembros de la pandilla.

En medio de la controversia sobre la Ley de enemigos extranjeros, un caso específico ha llamado la atención. Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error el 15 de marzo de 2025, también está siendo considerado por la Corte Suprema. El gobierno estadounidense lo acusa de ser miembro de la pandilla MS-13, pero no ha presentado pruebas que sustenten esta acusación. La Corte de Apelaciones ya ha ordenado su repatriación, lo que plantea dudas sobre la precisión y justicia de las deportaciones bajo este marco legal.

Este caso refleja las tensiones en torno a la utilización de la Ley de enemigos extranjeros y la acusación de que la administración Trump ha utilizado la ley de manera selectiva y sin pruebas suficientes para justificar la deportación de migrantes, algunos de los cuales podrían ser víctimas de una persecución injusta.

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