Gobierno de Milei acusa de terrorismo a los responsables de los incendios en la Patagonia

Los incendios que azotan la Patagonia argentina desde diciembre de 2024 han consumido más de 37 mil hectáreas en tres provincias del sur del país, lo que ha llevado al Gobierno de Javier Milei a calificar estos hechos como actos de terrorismo.

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Desde El Bolsón, una de las localidades más afectadas por el fuego, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el Ejecutivo será "implacable con aquellos que incendian, que hacen terrorismo, que queman propiedades y bosques".

El ministro de Defensa, Luis Petri, también se pronunció sobre la situación, calificando el incendio en El Bolsón como un hecho "intencional, doloroso y premeditado", y responsabilizó a "inadaptados" a los que definió como terroristas. Además, el Gobierno de Milei anunció que impulsará un proyecto de ley para aumentar las penas por este tipo de delitos, con el objetivo de evitar que los responsables recuperen su libertad rápidamente.

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Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que existen indicios sobre la participación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en los incendios, un grupo al que el Ejecutivo pretende designar oficialmente como organización terrorista. Sin embargo, la existencia real de este grupo ha sido puesta en duda por investigadores, políticos y representantes de diversas comunidades mapuches.

Frente a estas acusaciones, la activista mapuche Moirá Moillán denunció que el Gobierno está llevando a cabo "una persecución descarada y desalmada contra el pueblo mapuche", además de señalar detenciones arbitrarias e ilegales y amenazas de muerte contra miembros de la comunidad. La activista también cuestionó la lógica detrás de estas acusaciones, señalando que los incendios afectan tanto a los mapuches como al resto de la población.

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El Gobierno de Milei sigue en su postura de endurecer las penas y reforzar la seguridad en la región, mientras las comunidades locales y las organizaciones de derechos humanos denuncian una criminalización injustificada.