Los aranceles de Trump: estrategias y desafíos para su implementación

Donald Trump podría recurrir a un enfoque tradicional, las secciones 232 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, las mismas herramientas legales utilizadas durante su primer mandato (2017-2021). Estas facultades permiten al presidente imponer aranceles en casos de riesgos para la seguridad nacional o prácticas comerciales injustas, como las alegadas contra Canadá, México y China.

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Entre los planes anunciados, destaca un 60 % de gravamen a las importaciones chinas y un 25 % para Canadá y México, condicionado al control del narcotráfico y la inmigración irregular. Asimismo, promete aranceles del 10 % al 20 % a productos de la Unión Europea y otros países.

Aunque sólidas desde un punto de vista legal, estas herramientas implican procesos administrativos largos y abiertos a comentarios públicos, lo que permite a las grandes empresas influir y solicitar excepciones en algunos sectores clave.

Para acelerar los plazos, Trump podría invocar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA), que le otorgaría amplias facultades para imponer aranceles unilateralmente bajo el pretexto de una emergencia económica nacional.

Ya en 2019, durante su primer mandato, Trump amenazó con usar esta ley para imponer aranceles a México, pero finalmente desistió tras obtener concesiones migratorias.

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Sin embargo, este enfoque podría enfrentar fuerte oposición de la Cámara de Comercio y sectores republicanos que defienden el libre comercio. Además, el impacto inflacionario de esta medida podría ser significativo, afectando la popularidad de Trump, quien ganó las elecciones capitalizando el descontento por el aumento de precios.

Otra posibilidad es imponer aranceles selectivos a sectores específicos, como acero, hierro, aluminio y cobre, protegiendo a la industria nacional sin un impacto directo y generalizado en los consumidores.

Aunque Trump negó públicamente esta estrategia en su red social Truth Social, miembros de su equipo han intentado persuadirlo de considerar esta opción para evitar consecuencias económicas severas.

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De acuerdo con un estudio del Instituto Peterson, los aranceles planteados por Trump podrían añadir un coste de USD 2 600 dólares anuales por hogar estadounidense, afectando especialmente a familias de ingresos medios y bajos. El impacto también podría extenderse al comercio global, provocando represalias de los países afectados y debilitando las cadenas de suministro internacionales.

La aplicación de los aranceles dependerá del enfoque que adopte la administración de Trump. Mientras el enfoque tradicional ofrece un marco legal sólido pero lento, la declaración de emergencia acelera los procesos a costa de mayor controversia. Por otro lado, los aranceles limitados podrían ser una solución intermedia, aunque menos atractiva para el presidente.

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A pocos días de asumir el cargo, la estrategia definitiva podría ser clave para definir la política comercial de Estados Unidos y su impacto global.