Corte Suprema de EE.UU. ordena el regreso de salvadoreño expulsado por error

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden este jueves para que el gobierno de Donald Trump facilite el regreso de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue expulsado por error en marzo de 2025. Abrego García había vivido legalmente en EE.UU. bajo un estatus protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado debido a los riesgos que enfrentaría en El Salvador. A pesar de ello, el 12 de marzo de 2025 fue arrestado por agentes migratorios y expulsado junto a más de 200 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, aunque el gobierno no presentó pruebas para sustentar estas acusaciones.

Posteriormente, el gobierno de EE.UU. reconoció que la expulsión de Abrego García fue un error administrativo. La Corte Suprema, al evaluar el caso, ordenó que se facilitara su regreso a EE.UU. antes de la medianoche del 7 de abril, debido a la naturaleza del error y la falta de pruebas en su contra.

Lea: Jueces de EE.UU. bloquean deportación de venezolanos tras fallo de la Corte Suprema

La administración Trump argumentó que no podría enmendar el error debido a que Abrego García se encontraba detenido en El Salvador, y lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13. Sin embargo, la jueza federal Paula Xinis determinó que no había pruebas suficientes de que Abrego García fuera un pandillero y ordenó que se facilitara su regreso. Ante esta decisión, el gobierno apeló a la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la medida el lunes para permitir que los abogados de Abrego García respondieran por escrito.

Sin embargo, la Corte Suprema, con unanimidad, restableció la orden de la jueza Xinis, exigiendo que el gobierno de EE.UU. facilitara el regreso de Abrego García y gestionara su situación como si nunca hubiera sido deportado. Además, la Corte pidió al gobierno que compartiera detalles sobre las acciones que ha tomado para corregir el error y las medidas futuras para remediar la situación.

Este fallo subraya las tensiones entre el poder ejecutivo y el poder judicial en torno a la gestión de la política migratoria. El gobierno de Trump acusó a los jueces de interferir en las prerrogativas del poder ejecutivo, señalando que la decisión de la Corte Suprema, que involucra negociaciones internacionales y un traslado apresurado, es indefendible. No obstante, el respaldo unánime de los nueve magistrados de la Corte refleja una postura firme sobre la importancia de proteger los derechos de los migrantes, incluso cuando existen errores administrativos por parte del gobierno.

Este caso se presenta como un ejemplo importante de la falta de pruebas en las acusaciones de pertenencia a pandillas y cómo las decisiones legales pueden influir en la gestión de las deportaciones de personas con estatus legal protegido en EE.UU.

Lea también: El influencer Leito Oficial es deportado de Estados Unidos y regresa a Venezuela