El Congreso brasileño cancela sus sesiones por boicot tras la prisión de Bolsonaro

Este martes 5 de agosto de 2025, Jair Bolsonaro se convirtió en el décimo expresidente en la historia del Brasil que ha sido detenido. Ocurrió tras una orden de prisión domiciliaria. Por eso, el Congreso del gigante sudamericano canceló sus sesiones tras el boicot que emprendieron parlamentarios de la oposición hasta que los dirigentes no pongan en votación un proyecto de ley para concederle amnistía a los acusados por golpismo, entre los cuales está Bolsonaro.

El boicot, encabezado por los integrantes del Partido Liberal (PL), la formación liderada por Bolsonaro, tuvo lugar en respuesta a la decisión de la víspera de la Corte Suprema de ordenar la prisión domiciliaria del líder de la ultraderecha mientras concluye el juicio en el que es acusado de golpismo.

La decisión fue tomada por los presidentes de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, quienes insistieron en el "respeto" y el "diálogo" para discutir los temas de la agenda institucional.

Los legisladores que pusieron en marcha el boicot, precisamente en el día en que el Congreso reinició sus trabajos tras el receso de julio, se taparon la boca con esparadrapo en una referencia a la censura que, aseguran, la Corte Suprema le impuso a Bolsonaro, que tiene prohibido transmitir mensajes en sus redes sociales o en las de terceros.

La decisión de la máxima corte de confinarlo en prisión domiciliaria se produjo luego de la publicación de un mensaje de Bolsonaro en las redes sociales de sus aliados y de la lectura del mismo durante las marchas que sus simpatizantes realizaron el domingo en varias ciudades.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el exmandatario por golpismo, afirmó que la publicación del mensaje constituyó una violación a las medidas restrictivas que le impuso el mes pasado al presidente y que le impiden expresarse en redes sociales.

Los parlamentarios de la oposición condicionan la normalización de los trabajos en el Congreso a la votación de una serie de proyectos que llamaron el "paquete de la paz", entre los cuales figura una amnistía que beneficie a todos los condenados o procesados por golpismo.

La amnistía sería destinada a los cientos de bolsonaristas ya condenados por haber participado en los violentos asaltos a las sedes de los tres poderes del 8 de enero de 2023, cuando los ultraderechistas intentaron forzar un golpe de Estado, pero se extendería a otros acusados de golpismo como Bolsonaro.

El expresidente es juzgado en el Supremo en un proceso en el que se le acusa de haber liderado un complot para intentar impedir la investidura del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

El "paquete de la paz" también incluye un proyecto para destituir a Alexandre de Moraes como magistrado de la Corte y una enmienda constitucional para acabar con el fuero privilegiado, para que los legisladores y expresidentes sean juzgados por tribunales de primera instancia y no directamente en el Supremo, como sucede actualmente.

Los legisladores bolsonaristas acusan a los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara, Hugo Motta, de negarse a poner en votación estos proyectos para no enemistarse con el Gobierno de Lula.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y uno de los responsables por la campaña para obstruir los trabajos del Congreso, afirmó que las medidas que quieren que el Parlamento ponga en votación buscan "pacificar" Brasil.

Pese a que Lula prefirió guardar silencio sobre la prisión domiciliaria de Bolsonaro y afirmó que no quiere hablar "sobre lo que ocurrió con el ciudadano brasileño que intentó dar un golpe", los parlamentarios de izquierda rechazaron la postura de los bolsonaristas y afirmaron que perjudicará a Brasil.

"Eso es una represalia contra el pueblo porque impide la votación de proyectos de interés para la población, como el que exime del pago del impuesto de renta a quienes ganan hasta 5 000 reales (unos 908 dólares o 784 euros)", afirmó el diputado Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por Lula.

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