Urbanizaciones bajo la lupa: criminales se ocultan tras alquileres sin control

La matanza de cuatro personas el sábado 15 de febrero en una etapa de la urbanización Ciudad Celeste nuevamente trae a discusión cuán efectivos son los protocolos de seguridad en las urbanizaciones privadas de Guayaquil, Daule y Samborondón, donde sus residentes pagan para tener resguardo permanente y poder vivir más tranquilamente, sin rejas en sus ventanas ni cerramientos en sus patios.

Sin embargo, el caso del sábado pasado expone también otra particularidad de las urbanizaciones: los narcotraficantes -muchos de ellos ubicados en la alta jerarquía de una estructura criminal- o personas vinculadas a organizaciones delictivas también habitan en esas ciudadelas.

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Tres de las cuatro víctimas del sábado eran ecuatorianas y registraban antecedentes penales. El cuarto era un ciudadano ghanés. No había enfrentado procesos judiciales. Todos están vinculados con la organización criminal Mafia 18, que opera en el sur del Puerto Principal.

El inmueble donde ocurrió la matanza había sido alquilado. Dentro de la casa había una pizarra donde estaba trazado un plan para enviar droga a Norteamérica. Afuera, en cambio, la policía encontró un carro cuyo dueño registra antecedentes penales por delincuencia organizada y tenencia ilegal de armas de fuego.

El caso del sábado es el último ejemplo de criminales habitando en una urbanización privada. El narcotraficante y financista de grupos criminales Leandro Norero (+), quien lideró una red de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial, habitó en 2022 en Riberas del Batán, una ciudadela exclusiva de Samborondón.

Samir Maestre, quien fue jefe de la organización criminal Mafia 18, vivía en Laguna Club, un conjunto residencial de la Vía a la Costa (Guayaquil). Él fue asesinado en 2023 dentro de esa ciudadela.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, uno de los cabecillas de Los Águilas, fue capturado el 30 de enero de 2025 en una vivienda de la urbanización La Joya, en Daule.

De acuerdo a la Alcaldía de Samborondón, en la parroquia La Puntilla, la más poblada y de más alta plusvalía del cantón, hay 203 urbanizaciones (incluyendo las que están construcción) donde residen más de 85 000 personas. En la parroquia La Aurora, en cambio, hay 125 urbanizaciones donde viven 180 000 ciudadanos, según datos de la Alcaldía de Daule. Mientras que, en la Vía a la Costa, en Guayaquil, se asientan unas 69 urbanizaciones donde habitan cerca de 70 000 ciudadanos, según estimaciones de gremios inmobiliarios.

Ecuavisa.com conversó con los presidentes de tres urbanizaciones de Samborondón, quienes prefirieron mantener el anonimato. Coinciden en que, más allá de cambiar las empresas de seguridad, aumentar la videovigilancia o endurecer los protocolos de acceso con reconocimiento facial o códigos QR, el problema de fondo está en la compra, venta y alquiler de los inmuebles. Sin embargo, aclaran que no tienen injerencia en esas transacciones ni interés en tenerla.

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Admiten que entre ellos viven criminales, algunos pretenciosos y otros más sencillos que pasan desapercibidos. Dicen que el Estado debe ser más riguroso en la vigilancia de las negociaciones inmobiliarias, sobre todo cuando se renta una casa o departamento. Creen que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) debe instaurar una oficina que vigile estos procesos y comunicar al dueño de la propiedad si el posible inquilino es o no sujeto de alquiler.

En Ecuador no es una obligación que la compra, venta o alquiler de las propiedades se realice mediante una empresa de bienes raíces que aplique filtros contra el lavado de activos. Y en Guayaquil, Samborondón y Daule muchas personas prefieren gestionar estas transacciones de forma directa.

Laura Vásquez, jefa de ventas de Inmobiliaria Emecorp, explica que las empresas de bienes raíces legalmente constituidas deben entregar a sus clientes un formulario de licitud de fondos, el cual es revisado por la UAFE. Sin embargo, este requisito solo se exige en la compra-venta de inmuebles, no en los alquileres. "La administración de una urbanización puede hacer muy poco si el dueño del bien no es el filtro principal", subraya.

Los presidentes de las ciudadelas señalan además que sus vecinos están preocupados por los recientes hechos de violencia y les exigen mayores acciones. No obstante, explican que no pueden hacer mucho. Instan a los propietarios de las casas a ser más rigurosos si van a alquilar su propiedad.

Con respecto al patrullaje policial, los agentes están autorizados a ingresar a las urbanizaciones.

Finalmente, y con el objetivo de que la UAFE y el Municipio de Samborondón los escuche, los presidentes de las urbanizaciones están conformando un comité cívico para que sus propuestas sean escuchadas.