Además de Durán y Manta, la mafia se infiltra en agencias de tránsito de Esmeraldas, Puerto López, entre otras

Aproximadamente 500 000 papeles de matriculación y revisión vehicular de 23 municipios de Ecuador, fueron hallados en una vivienda del suburbio de Guayaquil. El operativo se ejecutó la tarde del 10 de julio de 2025 y los documentos, además de sellos, estaban almacenados en cajas de cartón. Un hombre de 50 años quedó detenido.

El sospechoso, que tenía boleta de captura vigente por el delito de violación en Galápagos, fue procesado por falsificación de documentos. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior John Reimberg señaló que el este tipo de centros clandestinos trabajan con digitadores y personas de las agencias de tránsito.

Sostuvo que las agencias de tránsito "se convirtieron en centros de extorsión" y que han sido usados para generar economía criminal. La documentación decomisada en el operativo, tenía sellos de Quito, Chone, Manta, Palestina, Chordeleg, Simón Bolívar, Puerto López, Chillanes, Flavio Alfaro, Muisne, San Vicente, Quinindé, Olmedo, Rumiñahui, Pallatanga, Salitre, Cumandá, Naranjal, Tosagua, Durán, Cayambe, Ambato y Pedernales.

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Así mismo, en julio de 2024, hubo un operativo similar en unas bodegas de Guayaquil y Durán. Esa vez se decomisaron 200 000 documentos de 31 municipios del país. Las autoridades contaron que significaba un perjuicio de al menos USD 30 millones para las mafias del tránsito.

Según el Ministro del Interior y fuentes de Inteligencia, los grupos criminales buscan controlar el tránsito para tener información de operativos, transportar droga y armas libremente por las vías, extorsionar y matricular carros robados.

Los allanamientos por presuntos actos de corrupción o irregularidades en agencias de tránsito no son nuevos. En lo que va de 2025, sin contar Durán y Manta, las autoridades han inspeccionado Esmeraldas y Quinindé. Mientras que en 2024, hubo detenciones en Puerto López y Manta, según las publicaciones de la Fiscalía y la Policía.

Por ejemplo, en enero de este año, la Unidad de Análisis de la Conducta Policial intervino las oficinas de tránsito de la Policía en Esmeraldas y Quinindé. Allí detuvieron a nueve personas para investigación: cinco uniformados y cuatro civiles.

Además recopilaron evidencias en las oficinas y en los patios de la entidad. Un agente que manejó el caso, contó que los uniformados implicados identificaban a conductores que iban sin documentos o vehículos en malas condiciones, para exigirles entre USD 200 a USD 1 000 para no sancionarlos. Ocurría especialmente los fines de semana y feriados, según el investigador.

Así mismo, en esa ocasión, se determinó que los implicados hacían trámites en diferentes entidades públicas y privadas para sacar irregularmente documentos como licencias, matrículas y certificados de revisión técnica vehicular.

Dos meses después, en marzo, las autoridades allanaron la Empresa Pública de Tránsito del cantón Esmeraldas, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. Se recopilaron videos, computadoras, documentos y especies valoradas.

La entidad entró en proceso de liquidación, según anunció el Municipio de Esmeraldas en redes sociales el 3 de julio. Otra empresa pública asumirá las competencias y en el periodo de transición, se solicitó al Ministerio del Interior para que la Policía asuma el control del tránsito.

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En octubre de 2024, el sargento segundo Juan Carlos G. de la Policía fue capturado en Manta. Fue acusado de ser parte de una red que comercializaba vehículos robados en la ciudad.

Su rol era ayudar en la falsificación de documentos, pues habría emitido certificados de originalidad. Supuestamente, hubo colaboración de digitadores de las agencias de tránsito de Manta y Junín, cuyas instalaciones también fueron allanadas esa fecha.

Las entidades presuntamente realizaban el trámite sin la presencia de los propietarios. Dicha red tenía al menos un año operando en esos cantones.

Meses antes de ese caso, en julio, una red de corrupción que operaba en la Agencia de Tránsito de Puerto López fue desarticulada. Hubo cinco detenidos, entre ellos el cabecilla Willian B., quienes eran parte de la institución.

Ocupaban cargos como la jefatura de movilidad, un técnico de revisión, un funcionario del servicio de digitación y una tramitadora. Se los señaló de matricular vehículos sin placas, de personas fallecidas o de divorciados, además de borrar cientos de multas de tránsito. Por cada trámite ilegal cobraban un promedio de USD 3 000.

En una de las actas de audiencia del caso, se mencionó que la organización delictiva tendría vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Incluso, el hijo de alias Fito, fue acusado de formar parte de la red de corrupción.

El entonces jefe nacional de Investigaciones, Freddy Sarzosa, dijo que Willian B., tenía contacto con el hijo del capo y estuvo vinculado a un proceso de delincuencia organizada en 2017 con Fito. En esa investigación, se acusó a Inda P., madre de los hijos del cabecilla criminal, sin embargo, en 2018 ambos fueron sobreseídos.

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