Apps de préstamos robaban datos para extorsionar desde un call center en Quito a usuarios en Ecuador, Colombia y México

Un pequeño préstamo terminó en un verdadero dolor de cabeza para cientos de personas no solo en Ecuador, sino también de Colombia y México.

Atraídos por la facilidad de recibir dinero de inmediato, los interesados descargaban aplicativos móviles y al aceptar los términos y condiciones estaban, sin saberlo, consintiendo el acceso a contactos, llamadas, mensajes y fotos de la galería almacenados en sus celulares. También daban información personal para solicitar el préstamo.

La Policía Nacional indicó que esto sucedió mediante apps como PrestaPlata Préstamo, Crédito Express, Dinero Pronto Préstamos Cuotas Brillantes. Las mismas que si uno las busca en Internet están a la orden del día.

Esta modalidad de robo de información no es nueva. Hay reportes que se hace lo mismo en Chile y México. Y en Ecuador vienen funcionando por lo menos desde 2023. En TikTok fue fácil encontrar comentarios de ciudadanos ecuatorianos que contaban haber pedido un préstamo mediante una de la apps mencionadas. Pero luego les cobraban de inmediato y al atrasarse unas horas o unos días el interés se elevaba considerablemente. Y al no pagar, comenzaba el horror.

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El deudor recibía llamadas intimidantes, correos y mensajes extorsivos. E incluso esto se ampliaba a la red de contactos de dicha persona. Toda esta arquitectura criminal tenía su operación en un call center llamado LKL CALL S.A.S., ubicado en un edificio de tres pisos en la avenida Atahualpa y República, en pleno hipercentro de Quito, cerca del parque La Carolina. Dicha compañía está legalmente constituida, pero no tiene autorización para actividades financieras, es decir, para los préstamos.

La Policía Nacional no descarta que haya más call centers de este tipo en Ecuador.

La mañana del 25 de junio, la UNASE ingresó a las oficinas del call center, que en ese momento albergaba a 120 personas. No obstante, 38 fueron aprehendidos en el sitio porque se sospecha que era quienes hacían las extorsiones. En horas de la noche se detuvo a dos ciudadanos chinos. Todos fueron procesados por presunta delincuencia organizada, 39 cumplen con prisión preventiva y una tiene medidas alternativas por un embarazo.

Ecuavisa.com accedió al expediente fiscal del caso en el cual Fiscalía detalla los roles de participación y el modus operandi.

Según la acusación fiscal, en la pirámide delictiva se encontraban los dos ciudadanos chinos Gu y Xu, ambos de 39 años. La empresa tenía a un jefe de talento humano de 38 años, Luis C. Un supervisor de todo el personal, Edwin P, de apenas 25 años. Y cuatro denominados “líderes de segmento”, una especie de coordinadores que tenían cada uno a su cargo a un grupo de jóvenes. Ellos son Nayeli C. (24 años), Sandra J. (29 años), Nicole D. (28 años) y Roberto G. (30 años).

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El parte policial detalla que Luis C. de talento humano, “todos los días tomaba la asistencia y supuestamente era la persona que les facilitaba el material para trabajar, como son los chips y la organización completa del establecimiento, los pagos a los empleados...”.

Edwin P. daba los usuarios y contraseñas para ingresar a la plataforma de base datos de las víctimas, además entregaba a los líderes de segmento la nómina con números telefónicos de las personas con las que tenían que ponerse en contacto y extorsionarles solicitando dinero, además les entregaban un paquete de chips.

A su vez, los líderes de segmento coordinaban el trabajo con los jóvenes empleados. “Eran quienes direccionaban a quién y qué poner en los mensajes extorsivos, exigiéndoles que realicen llamadas y envíen mensajes constantemente a las víctimas”.

El resto se encargaba de la parte sucia: las llamadas, los mensajes, los correos, fotomontajes para intimidar, amenazar y extorsionar.

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Según la Policía Nacional, este call center tenía una base de datos de 58 000 personas, entre ecuatorianos y extranjeros. Con esta información, perfilaban a los ciudadanos que tenían más ingresos económicos para extorsionarlos.

Con la información privada a que la habían accedido previamente, usaban las fotos de las víctimas para hacer fotomontajes. Según un testigo, "si eran hombres, los boletines eran de pedófilos, estafadores, y si eran mujeres, los boletines que creaban los colaboradores eran de prostitución, abuso infantil, secuestros".

Utilizaban inteligencia artificial para darles un carácter violento o incluso sexual. Si los pagos exigidos no se concretaban, la red amenazaba con enviar el contenido manipulado a la familia y contactos de la víctima.

Esta práctica es conocida como doxing, "que implica la construcción de violencia digital mediante la exposición de datos personales". "Así, se transmite, por ejemplo, nombres completos, lugar de trabajo u otros datos sin el consentimiento de la persona. Su objetivo suele ser humillar, intimidar, acosar o perjudicar a la víctima", explica el portal Conexión PUCE.

También había llamadas con insultos. Una persona escuchó cómo un trabajador decía: "vieja hija de p..., hija de p..., si no pagas te vamos a boletinar en tus redes sociales y tu familia se entera de todo esto".

Y mensajes de este tipo: "quieres ver a toda la familia circulando en redes sociales para ser cómplices de una estafadora, paga ya, deja de ser morosa, por gente como tú es que el país está así, demuestra valores, ladrón, si no quieres que vayamos hasta tu casa a cobrar con tu cabeza".

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32 de los encargados de enviar los mensajes extorsivos tenían edades comprendidas promedio entre los 18 y 29 años de edad. La mujer de más edad, por fuera de los líderes, tiene 34 años.

Según la versión de un extrabajador, la vacante de empleo se podía encontrar en Facebook.

La defensa de los procesados dijo que entre los acusados hay quienes tenían apenas 15 días y dos meses de trabajo.

La mayoría vive en sectores populares del sur y extremo norte de Quito, como Llano Grande, San José de Morán, Villaflora, La Concepción, Solanda, Santa Anita, San Bartolo, La Ajaví.

Ellos recibían un sueldo básico por estas labores. Debían realizar hasta 45 llamadas por hora. Si cumplían la meta diaria podían recibir bonificaciones. De no lograrlo, se les hacía descuentos en la remuneración. E incluso amenazas de despidos.

Los abogados de los jóvenes argumentaron que sus clientes no podían ser acusados simplemente por hacer un trabajo. Fiscalía respondió que eran conscientes que lo que hacían era un delito.

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