Elecciones Ecuador 2023: Obra pública, uno de los ejes menos atendidos por las Prefecturas en el país

Con las elecciones seccionales en curso, las prefecturas son el foco de atención, pues manejan recursos que, en su mayoría, son escasamente destinados a la realización de obra pública, según un estudio realizado por el Colegio de Economistas de Pichincha (CEP).

Teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Finanzas, el Estado asigna USD 3,114 millones a las prefecturas, gobiernos parroquiales y municipios, los rubros en los que invierten los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) se reparten en diversos ejes.

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El balance general de ingresos que perciben los GADs es de aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Para Santiago García, presidente del CEP, los recursos parecen, en primera instancia, insuficientes.

El porcentaje que se refleja en el PIB no representa un gran aporte para que los municipios o las prefecturas puedan realizar grandes obras, según García. Este problema se ve agudizado si se tiene en cuenta que al menos el 70% de los ingresos de estas administraciones provienen del gobierno central.

La dependencia en las transferencias estatales agrava la situación teniendo en cuenta que, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el gobierno debe transferir el 21% de sus ingresos permanentes (impuestos) y el 10% de los ingresos petroleros o no permanentes que también les corresponden a los gobiernos provinciales.

Los ingresos propios que generan los GADs no supera el 30% en la mayoría de los casos. Santiago García sostiene que este modelo de gestión no permite que el desarrollo de todas las provincias sea paralelo a la de polos principales como Pichincha o Guayas.

El Colegio de Economistas de Pichincha realizó una investigación basada en las declaraciones presupuestarias que realizan los gobiernos locales al Ministerio de Economía y Finanzas. Con base al 2021, las partidas presupuestarias entregadas a la entidad gubernamental reflejan, entre otras cosas, que el rubro de obra pública, en donde se encuentran exclusivamente aquellos contratos que están ligados a la realización de trabajos como construcción o reparación de carreteras, no es una de las prioridades.

En el estudio se detectó que, en promedio, el 31,6% de los gastos que tienen los GADs van hacia el desarrollo de Obra Pública. Otros rubros como salarios o gasto corriente acaparan los recursos existentes. La proporción de lo que se invierte en obra pública es de 30 centavos de cada dólar que ingresa a los gobiernos autónomos descentralizados.

Además, el principal del Colegio de Economistas de Pichincha afirma que, desde 2014, la inversión pública del gobierno central ha disminuido considerablemente. Ni el Estado ni los gobiernos autónomos descentralizados tienen como prioridad la realización de obra pública debido al contexto económico actual. La mínima o casi nula inversión en este eje le significa a parte del pueblo ecuatoriano el no acceder a ni siquiera servicios básicos, según García.

Los casi $3.500 millones anuales que el Estado distribuye a los GADs se reparten equitativamente a cada provincia a través del Modelo de Equidad Territorial avalado por el COOTAD. Entre las variables que se toman en cuenta para la distribución de recursos para las provincias se encuentran:

Llama la atención que en provincias como Pichicha, Azuay y Chimborazo se gaste menos de 10 de cada USD 100 que disponen según el estudio del CEP. En contraposición, provincias como Los Ríos, Morona Santiago y Pastaza destinan casi 5 veces más que aquellas que cuentan con mayor financiamiento al ser territorialmente más grandes.

Para García, entre las principales razones para la poca inversión en obra pública de la mayoría de los GADs se encuentran la sobrepoblación de personal administrativo y el exceso de gasto corriente que dejan un margen muy pequeño para otras prioridades.

René Larenas, ex colaborador del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), considera que el presupuesto codificado para obra pública en los GADs supera con facilidad el 70%. Esto debido a que, por ley, el gasto corriente no debe superar el 30%.

Dentro de ese 70% se encontrarían los recursos destinados a otro tipo de gestiones que realizan los gobiernos provinciales que son igual de importantes que la obra pública para el desarrollo. Entre ellas se encuentran:

Además, Larenas sostiene que, desde el inicio de la pandemia, todo el aparataje municipal, provincial y gubernamental sufre una crisis de liquidez que hace una tarea difícil lograr destinar gran cantidad de recursos a la realización de obra pública.

Entre los factores externos que impiden la realización de varias obras en determinadas provincias se encuentran las reglamentaciones de control a la contratación pública. Los filtros previos para que un contrato se pueda ejecutar como los de la Contraloría General del Estado, el proceso de selección y los estudios de mercado pertinentes son otros factores que limitan la realización de obras.

La autogestión es una de las salidas que pueden encontrar los gobiernos autónomos descentralizados para solventar su falta de liquidez.

Sin embargo, hay factores que dificultan esta posibilidad como la carga impositiva para los ciudadanos y las obras que se realizan en el sector rural en donde la recuperación de la inversión implicaría comprometer recursos que los pobladores de estas zonas no poseen.

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Hay casos excepcionales de autogestión como el de Pichincha, que cobra un impuesto vehicular destinado al Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Provincia.

Algunas de las soluciones que plantea Larenas son:

El gobierno central administra la red vial pública que representa alrededor de 12.000 km de carreteras. Por su parte, los gobiernos provinciales manejan alrededor de 72.000 km en vías secundarias, por lo que se deduce la dificultad de administrar y mantener las carreteras en el caso de los GADs.