Elecciones Ecuador 2023: ¿cómo se fiscalizan las donaciones a las campañas electorales?

El presidente Guillermo Lasso no ha tenido reparos en decir que en Ecuador la narcopolítica existe. Sin embargo, las pruebas de lo que afirma son las que todavía no han llegado.

Lo cierto es que el país está a las puertas de nuevas elecciones, el próximo 5 de febrero de 2023 se van a elegir a más de 5.000 nuevas dignidades.

Ante el contexto descrito es indispensable preguntarse ¿cómo se fiscalizará el financiamiento de las campañas electorales? Aquí el detalle de lo que encontramos.

La transparencia de las donaciones es, aún, un tema pendiente en Ecuador. Es que, aunque, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) publica los montos que recibe cada organización, estos, son globales y no desglosados, es decir, no detalla quiénes son los aportantes, ni cuánto dinero donaron, ni el origen de los recursos.

Según José Luna, analista de financiamiento de las organizaciones políticas (CNE), ​​​​​la información sobre el listado de los aportantes "sí constan en nuestros expedientes y es analizada haciendo un cruce de información con 10 instituciones públicas, como: la UAFE o el SRI".

Pero, para la ciudadanía esos nombres están bajo llave. Luna, explica las razones, el primer candado lo pone la Constitución, "existe una norma constitucional que resguarda el derecho de las personas a que su información no sea utilizada sin su autorización", por lo tanto, aunque el CNE sí recibe la información, aquella no es pública para la ciudadanía. Lo que supone que no pueda ser contrastada.

Incluso, de ser revelada la identidad de los aportantes, subraya Luna, ellos podrían llegar a denunciar al CNE.

Además, de eso, hay otro candado. Luna explica que, si la investigación de los expedientes continúa en proceso tampoco se podría conocer los nombres, "mientras no exista una resolución de cierre, la información sigue siendo delicada porque sigue siendo analizada". Por esos dos motivos no se puede revelar la información de los donantes, salvo que la Fiscalía lo requiera.

El funcionario reconoce que abrir los datos a la ciudadanía ameritaría una reforma, "a futuro se puede pensar una reforma en que los formatos del CNE existan una declaración en la que ellos autoricen, pero por lo pronto no hay".

Ante esta realidad, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, adapta un viejo, pero vigente refrán: "quienes construyen la Ley, construyen la trampa".

Destaca que las autoridades no se han preocupado de los elementos de fondo, "la Ley es opaca porque es hecha por los mismos sectores que están comprometidos con la opacidad". Combatir la falta de transparencia significaría construir un Código de la Democracia que permita varias cosas, "hacia el futuro es dar por terminado los movimientos políticos, eso favorecería tener un control en los partidos, además, de pedir que desglosen los recursos que reciben de afuera y para eso es necesario una reforma".

Ese trabajo, dice, le compete a la Asamblea, actualmente de vacaciones.

El coordinador de la Comisión Anticorrupción, además, destaca otro aspecto importante de las Elecciones 2023. El CNE debe, de forma mandatoria, habilitar el Sistema de Interconexión de Datos, pues fue una de las reformas del Código de la Democracia, en 2020.

Esta herramienta busca agilitar el control del financiamiento político. De acuerdo, a Luna ya se encuentra en desarrollo. "Debe estar listo para el análisis, es decir, en los 90 días después de las elecciones para que se pueda usar el sistema, pero no depende solo del CNE, sino de la colaboración de las demás instituciones al principio ninguna institución le hace gracia compartir su información es delicada", menciona.

Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento? En teoría, o lo que dice la Ley, son: la ciudadanía, entre esos, los seguidores de un partido político o el propio candidato u organizaciones políticas aliadas. Las empresas no pueden realizar aportes para campañas electorales.

Además, según el CNE, estas no reciben recursos públicos sino solo privados. Pero, ¿el fondo de promoción electoral? "este nunca llega a las manos de los sujetos políticos son administrados exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral", asegura Luna. En ese sentido, la institución realiza directamente el pautaje de la publicidad en los medios de comunicación autorizados.

Asimismo, Luna, quien también está encargado de la coordinación de gestión de fiscalización y control del gasto electoral, destaca que los aportes no pueden ser ilimitados. En ese sentido, el Pleno del Consejo, con base a un informe del área de Fiscalización establece un rubro para cada una de las dignidades. Por ejemplo, las prefecturas (como muestra el mapa).

Por otro lado, existen dos momentos en que el CNE recibe información sobre el financiamiento de las campañas electorales.

El primero ocurre una vez realizado el sufragio, a partir del día siguiente empieza a correr un plazo de 90 días, en ese tiempo, el responsable del manejo económico de cada candidatura tiene la obligación de presentar un expediente que, contiene el listado de aportantes (nombres), documentos de respaldo, comprobantes de ingreso, asimismo, deben abrir una cuenta bancaria.

"Es obligatorio para cada candidatura abrir una cuenta bancaria a nombre de la campaña electoral porque como parte del control exigimos que todo el dinero que se aporte ingrese a una cuenta para que podamos hacer un cruce con los gastos que salieron", explica.

A partir del pasado 3 de febrero de 2020 cuando el Código de la Democracia fue reformado, además, del expediente, desde la inscripción de la candidatura también deben presentar un presupuesto de campaña, y entregar reportes de ingresos y gastos cada 15 días.

Estos reportes, dice el funcionario, se suben a la web, "sirven para hacer un cruce de información con el informe que se presenta finalmente". Pero, como ya explicamos antes, solo son públicos los montos globales y no los donantes.