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Terminó la nueva gira de casi tres semanas del presidente Daniel Noboa y, más allá entusiasmo que generó la recaptura de Fito y el pedido de la justicia de EE.UU. por extraditarlo, el panorama no pinta bien para la economía nacional.
Este miércoles 9 de julio se produjeron tres hechos que deben motivar una inmediata preocupación por parte del Gobierno.
1.- Ecuador, a las puertas del colapso petrolero.
A la caída sistemática de la producción y la falta de inversión estatal y privada para dinamizar el sector, se suma la permanente rotura del SOTE por los desastres naturales y la necesidad, incluso, de parar más de 560 pozos y detener el transporte de crudo por el OCP, en permanente amenaza.
La consecuencia: en las últimas horas la producción petrolera cayó a 48.514 barriles. Es decir, algo más del 85 por ciento de lo que se extraía el 1 de julio. A más de todos los gastos que para Petroecuador significan los trabajos de mitigación y emergencia, la entrada de recursos por este concepto se reduce a mínimos históricos.
Lo más grave es que el Gobierno, lejos de explicar al país la magnitud de la crisis, opta por una estrategia de evitamiento. El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dejó el cargo y, como siempre, el sector energético se apaga en la incertidumbre.
2.- Otra vez, las cuentas fiscales en rojo.
El reciente reporte de la firma Cordes advierte el deterioro muy grave de las finanzas públicas. Sobre la base de los datos publicados por el Ministerio de Economía, el país acumuló, entre enero y mayo de este año, un déficit de 1.255 millones de dólares, cuando en el mismo período de 2024 hubo un superávit de 364 millones.
Según Cordes, este hueco fiscal se explica por el incremento del gasto público, que pasó de 9.608 millones de dólares entre enero y mayo de 2024 a 11 mil millones en el mismo período de 2025. Muchos de estos egresos son pagos corrientes y de atrasos con los GAD que dejan al fisco sin margen de maniobra y urgido de nuevas reformas estructurales que ordenen mejor las cuentas y presupuestos que se destinan a alcaldías y prefecturas.
Lo que a Cordes le preocupa es que estas cifras se deterioren más por la caída de la producción petrolera. Otra vez, el silencio del Gobierno es la constante.
3.- El desencuentro con las empresas mineras.
Este sector, agrupado en la Cámara de Minería, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización que el Gobierno decidió fijar a estas empresas. El gremio la considera desproporcionada y que “pone en jaque” a una industria que se ha convertido en la tabla de salvación de la política fiscal del país y en uno de los pocos sectores que generan inversión y fuentes de empleo en mayor volumen.
Según la Cámara, este es un impuesto encubierto, pero el Gobierno espera recibir ingresos anuales de 200 millones de dólares por este fin.
Lo que preocupa en este tema no necesariamente es el concepto de la tasa, sino la imposibilidad que tienen los actores involucrados de tener un diálogo y acercamiento provechosos para que el presidente Noboa se evite un conflicto.
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