Seguridad: ¿y los otros cambios, Presidente?

El nuevo período que Daniel Noboa y Niels Olsen inauguran tiene gestos que replican lo negativo del pasado. Uno de ellos se manifestará dentro del trámite a esta ley urgente para desarticular la economía criminal.

Seguramente, en el CAL y en la comisión de Valentina Centeno la disputa sea imperceptible. Y si en el Pleno, ADN suma 77 votos, la tensión se trasladará a la Corte Constitucional que, con toda seguridad, tumbará varios de los temas propuestos por el Ejecutivo, por reñir con la vigencia de los derechos o porque incluso los ámbitos del proyecto riñen con el llamado espíritu de unidad de materia.

Hace mal el Gobierno en exponerse a un veredicto de ese tipo que lesione su fuerza parlamentaria y la capacidad de propuesta del Presidente. Más aún cuando la ley, por más puntos necesarios que tiene, como buscar efectividad y potencia para desarticular las redes financieras del crimen organizado, se empecina en endurecer penas, como si de enfoques punitivos el Ecuador no hubiera debatido ya lo suficiente.

El destino de esta ley se conocerá en las próximas semanas. Sin embargo, siguen pendientes cambios primordiales que parecen no estar en el radar del Gobierno.

En el programa Políticamente Correcto del domingo, por ejemplo, se cuestionó que los militares asuman tareas en otras instituciones que, por ineficientes y corruptas, han fracasado y ahondado la espiral de violencia.

Por ejemplo, las cárceles o Aduanas. El argumento del general (sp) Wagner Bravo es que si estas dependencias hicieran bien su trabajo, FF.AA. dirigiría sus esfuerzos y capacidades logísticas a otros objetivos de este enorme problema.

El debate sobre la minería ilegal y sus estragos entró en la segunda semana y el Régimen no ha explicado, por ejemplo, qué desafíos tiene por delante la famosa Agencia de Control Minero, esencial para que el foco del lavado y el tráfico de minerales se detenga, luego de que la fuerza pública arriesgue su vida en los operativos contra los criminales. Hace pocos días, Ecuavisa.com contó que hay policías activos que se roban la cocaína incautada para revenderla, aprovechando las falencias burocráticas que no custodian la droga ni la destruyen de manera oportuna.

Si estos temas no tienen un plan claro de intervención y solución, mal hace el Gobierno en prometer indultos a los uniformados o garantizarles excesivas medidas tutelares que pueden multiplicar casos como el de las Malvinas.

Hace año y medio, antes de iniciarse la primera etapa de Noboa, su gente cercana habló de un gran proceso de auditoría interna de las instituciones públicas, con estándares y agentes internacionales.

Nada de ello ha ocurrido hasta ahora. Qué interesante sería que el nuevo mandatario prometa cambios de fondo para vencer la inseguridad, convencido de que esa transformación empieza por sanear las instituciones que él mismo comanda.