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Dos hechos significativos en lo que podría considerarse como la primera semana de trabajo real en la Asamblea. El Gobierno opera desde dos lógicas que valen la pena apuntar. La sistemática captación de nuevos parlamentarios para sus filas y la apertura porque su primera ley urgente sobre economías criminales sea discutida y mejorada.
La expulsión de Sergio Peña de las filas de la Revolución Ciudadana bien podría significar que ADN, es decir, el bloque oficialista, sume a su integrante número 69, luego de que Mónica Salazar, también correísta, decidió acercarse al Gobierno antes de la primera sesión del 14 de mayo, así como la incorporación del socialcristiano Samuel Célleri.
De esta manera, el presidente Daniel Noboa está a ocho votos de tener la mayoría simple, donde los pocos escaños del PSC, Pachakutik y los independientes harán la diferencia.
Con el paso del tiempo será mucho más notoria la presión del Régimen por sumar parlamentarios de manera definitiva a fin de depender menos de negociaciones puntuales.
Hay que tomar en cuenta que para cambios constitucionales se requieren 101 votos que en algún momento vendrán de la Revolución Ciudadana siempre rígida y disciplinada y donde RETO, como movimiento político, apenas representa una curul, la de Raúl Chávez.
La segunda lectura viene por cuenta de las concesiones y renunciamientos del oficialismo en su ley urgente sobre economías criminales, rebautizada en la Comisión de Desarrollo Económico como Ley de Solidaridad Nacional.
Llamó la atención la facilidad con la que el bloque gobiernista, previo al primera debate, aceptó decenas de cambios de fondo de un articulado que pasó de 32 a 14 artículos, demostrándose que la iniciativa salió de Carondelet con inmensas distorsiones.
Habrá quienes crean que así mismo se construyen las leyes. Es decir, mandar al Legislativo un proyecto de ley repleto de grasa, para que los honorables la retiren dejando solamente la carne magra y así se sientan felices.
Sin embargo, la magnitud de los cambios que se han realizado (se eliminó el reconocimiento del Bloque de Seguridad; se cambió la propuesta para reconocer el conflicto armado; hay modificaciones al indulto presidencial y sigue abierta la tensión en torno a la facilidad con la que se ordenarían los allanamientos) demuestran la poca prolijidad y el escaso sentido de coherencia jurídica de Carondelet. Por eso, para lograr los votos en el hemiciclo y evitar que en el futuro cercano la Corte Constitucional tumbe la ley, el Régimen ha permitido tantos ajustes.
Esto es bueno para la democracia, para el respeto al estado de derecho y el equilibrio de poderes. Pero obliga a tejer varias hipótesis de cómo el presidente Noboa y el ministro José De La Gasca entienden la agenda parlamentaria.
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