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El Gobierno quiere que el país vaya a las urnas el próximo 16 de noviembre para que en la consulta popular se decida la instalación de una Asamblea Constituyente.
Si esto finalmente se concreta, el Presidente de la República habrá consolidado un modelo de campaña permanente que no ha parado desde que se inscribió en las elecciones anticipadas de 2023.
Tras ese primer triunfo, vinieron de inmediato la consulta popular de abril de 2024 y las elecciones generales de inicios de año, donde su mandato fue ratificado.
En dos meses más estaremos de nuevo en las mesas de votación y si Noboa gana esa consulta, habrá que elegir a los 80 asambleístas constituyentes, tal vez para mayo de 2026. Todo depende de cómo el Consejo Nacional Electoral arme los calendarios.
Para finales de ese año tendrá que estar lista la nueva Constitución, la misma que debe ser sometida a un referéndum. ¿Para cuándo? Una opción, la menos probable, sería a finales de ese año o, tal vez, se ate este proceso a las elecciones seccionales y de consejeros de Participación Ciudadana, en febrero de 2027.
En suma, una campaña eterna donde Noboa se siente como pez en el agua, pensando quizá que su fortuna política le durará para siempre.
Ojo, que si todo le sale bien, ese año arrancará de inmediato el nuevo tramo de su montaña rusa con miras a su reelección en 2029.
Una cosa es que los ecuatorianos se banquen un nuevo ciclo de elecciones sucesivas, pues ya están acostumbrados a ello. ¿Acaso ya se olvidaron de todos los comicios en los que el correísmo consolidó su hegemonía? En 2006 (primera y segunda vueltas), 2007-2008 (consulta popular, elección de constituyentes y referendo ratificatorio), 2009 (elecciones generales), 2011 (consulta popular para apoderarse de la justicia), 2013 (reelección), 2014 (elecciones seccionales) y 2017 (elecciones generales).
El problema es cuánto ello distrae a un gobierno que tiene que enfocarse en la lucha contra el crimen organizado, levantar el sistema de salud pública que está en soletas y, sobre todo, generar estabilidad y certidumbre para que venga la inversión extranjera.
Un modelo de campaña permanente es altamente costoso, donde las instituciones tienen muy poco poder de control. No vaya a ser que todo el gasto para mantener al país de elección en elección se cubra con lo que se pretende ahorrar con la eliminación del subsidio al diésel.
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