¿Las elecciones dilatan la inversión en el campo Sacha?

Todo parece indicar que el presidente Daniel Noboa y su gobierno no aprovechan el momento de optimismo que Ecuador despierta, por ahora, en los agentes internacionales.

La caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos, por primera vez en dos años y medio, es un hecho relevante. Sobre todo, porque este descenso se produce en plena campaña. Normalmente, las elecciones desatan olas de nerviosismo ante la posibilidad, algo tan típico de Ecuador, de que cualquier aparecido gane la Presidencia con un discurso de promesas ilusas.

En este caso, los agentes externos apuestan no solo por la continuidad de Noboa en el poder, sino por la conformación de una Asamblea con dos fuerzas hegemónicas que puedan darle orden al debate nacional.

De allí que puede tomarse como un paso en falso, muy desafortunado, la declaración pública del candidato presidente de ponerle aranceles a las importaciones mexicanas, emulando la todavía confusa guerra comercial del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el lío con México no es el aspecto más importante, por ahora, del aparente descuido del Régimen frente al buen viento que le sopla desde el sistema financiero externo, esperando un Ecuador estable, con cifras fiscales en orden, con una posición responsable frente al endeudamiento y que propenda al crecimiento económico, en gran medida, por la dinamización de la producción petrolera.

Sí, todos los caminos conducen a la expansión, obligada y urgente, de este sector. Por eso no se entiende que en el despacho del propio Ministerio de Economía se dilaten los trámites de cara al informe previo a la autorización o no del contrato de participación entre el Estado y el consorcio Amodaimi- Petrolia, filial de la estatal China, Sinopec, y de la canadiense New Stratus Energy para realizar exploración adicional y explotar el campo Sacha

La firma interesada plantea darle al Estado una prima de entrada inicial de 1.500 millones de dólares (equivalente a la producción de un año del bloque 43 del ITT, en el limbo por la consulta popular), que no es un anticipo que ellos cobrarían más adelante. Adicionalmente, se propone una inversión de 1 716 millones para rehabilitar ese campo, en maquinaria, servicios y cuidados ambientales, con el fin de elevar de 75 mil a 100 mil barriles diarios la producción de crudo.

Su objetivo es operar por los próximos 20 años, con una inversión de 3.500 millones de dólares, asumiendo todos los riesgos financieros e inversiones que el Estado, hoy, es incapaz de hacer porque no tiene dinero y porque Petroecuador, sencillamente, es una empresa fallida. Recuperarse como institución le tomará muchos años.

Seguramente el ministro Juan Carlos Vega querrá esperar a que terminen las elecciones. Si hay triunfo en primera vuelta, quizás la decisión sea pronto. Pero si hay que volver a las urnas en abril, el dilema se alargará ocho semanas más. ¿Y si Noboa perdiera la elección, ya no se firmaría nada a la espera de que un nuevo gobierno comience de cero?

El país, en su conjunto, pierde tiempo precioso tratando de que la fortuna electoral le dé aliento para firmar un contrato de esta magnitud, cuando lo que debe primar en realidad son las cuestiones de Estado, independientemente de quién esté en Carondelet.

Noboa, como presidente, ha sido muy hábil a la hora de neutralizar a los jugadores con poder de veto que le impiden tomar decisiones. En este caso, todos los sectores que insisten en la gestión pública del petróleo, cuando la evidencia demuestra que esta ha fallado enormemente, sumiendo al país en la más absoluta mediocridad. Por eso, Surinam, Guyana, Brasil, Argentina y la Venezuela del dictador nos dan de largo en este tema.

La concesión de un campo como Sacha requiere transparencia y seguridad jurídica para que no haya perjuicio y que, por eso, las licitaciones dan estas garantías. Sin embargo, por la abulia de Petroecuador, montar desde cero un proceso de esta magnitud, en el mejor de los casos, le tomaría unos dos años más. ¿Y las urgencias financieras del Ecuador?

El hecho de que Sinopec, una empresa estatal, sea la interesada en este campo es algo que acelera las cosas porque la ley lo permite. Todo es cuestión de que la constitución del consorcio que opera en su nombre tenga sus papeles en orden como para que el Gobierno dé una respuesta pronta.

Sin inversión extranjera, el país no puede crear empleo ni tener divisas públicas para sostener sus obligaciones sociales y de lucha contra la inseguridad. Hay que apretar el acelerador.