Gran golpe a la diplomacia socialista

No se puede vender como un triunfo diplomático la condena unánime a Ecuador, en la OEA, por haber violado la Convención de Viena, tras la irrupción en la Embajada mexicana para recapturar a Jorge Glas.

Cabe apuntar que, en medio de semejante despropósito del gobierno del presidente Daniel Noboa, su equipo diplomático logró que en dicha resolución no se estableciera una sanción expresa y que, además, se sentara un interesante precedente político. En tres de los 10 puntos de la resolución se deslizaron serios cuestionamientos dirigidos a México. ¿A quiénes corresponde esa gestión? Al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos; al embajador ante la OEA y también excanciller, Mauricio Montalvo; y al coordinador jurídico, Marcelo Vásquez.

El punto 4 del documento plantea respetar en su integridad las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954. El punto 5 menciona que se deben respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor y no inmiscuirse en temas internos de ese Estado. Mientras que en el punto 6 se señala que los locales de una misión diplomática no deben ser usados de manera incompatible con lo expresado en la Convención de Viena.

En buen romance, no hay que acoger en las Embajadas a personas condenadas por corrupción ni mucho menos concederles el estatus de asilados.

Aunque México, como país de primer orden en el hemisferio occidental, logró que su nombre no apareciera en ese papel, sus actos quedaron sentados, dañando así el larguísimo historial de madurez diplomática que esa nación latinoamericana exhibía junto a Uruguay.

En México, sus políticos y la opinión pública sabrán advertir el error cometido por el presidente Andrés Manuel López y lo glosarán como se debe. Por estos tres puntos expresos, la resolución de la OEA supone además una derrota muy fuerte a los nexos diplomáticos de los países y partidos del llamado Socialismo del Siglo XXI, convocados en el Grupo de Puebla.

Es decir, que la entrada de Glas a la Embajada de México; las declaraciones impertinentes de AMLO sobre la muerte de Fernando Villavicencio; la declaración, por parte de Daniel Noboa, de persona non grata a la Embajadora de ese país; la concesión del asilo desde México; y, la irrupción en dicha sede, golpearon la imagen de quienes (políticos y partidos corruptos) anteponen la cantaleta del ‘lawfare’, por encima del interés de los pueblos.

A regañadientes, la opinión pública de América Latina y de la Unión Europea habrán relacionado la fuga de la Residencia de la Embajada Argentina, de la correísta María de los Ángeles Duarte –condenada por cohecho-, el año pasado, con lo que pudo haber ocurrido con Glas si se daba un escape alentado por el Presidente Mexicano que, desde 2018, no ha tenido más que un trato indigno con el pueblo ecuatoriano, por proteger a la cúpula de la Revolución Ciudadana.

Difícilmente, AMLO y su sucesor volverán a arriesgar su prestigio al prestar sus embajadas para gente que primero debe rendir cuentas ante la justicia.

Lo propio sucederá con países como Colombia o Brasil, gobernados por la izquierda. Lo que pase en Bolivia, Nicaragua, Cuba o Venezuela es impredecible dado el fanatismo de su política exterior.

Por lo pronto, se les pondrá cuesta arriba, y por un buen tiempo, a las personas con cuentas judiciales pendientes, la búsqueda de un asilo para garantizar impunidad.