Gobierno e indígenas, ¡sean serios!

El país no tiene la culpa de que la dirigencia de los sectores indígenas esté rota. Y que, por su ausencia de liderazgo, toda la población imbabureña siga sometida al bloqueo, la violencia y la especulación, al menos, un fin de semana más. ¿Es que no les duele las millonarias pérdidas económicas por la paralización y la falta de comercio de medio millón de habitantes?

Tampoco los ecuatorianos tenemos por qué pagar las consecuencias de un Gobierno que minimiza los procesos complejos de estas organizaciones y exhiba un diálogo pegado con saliva.

La política debe asumirse con seriedad. No puede ser la herramienta de un chantaje interminable donde la presión en las calles solo se acaba cuando los presidentes tiran al piso sus decisiones económicas.

Tampoco, el membrete para alimentar los hashtag de un Gobierno que se cree eficiente en la comunicación, narrativas y pedagogías en las redes sociales.

Así, con semejante irresponsabilidad, el país puede incendiarse: el ambiente ideal para que el crimen organizado, aquel que trafica droga y oro, termine con nuestra paz social.

Es increíble ver cómo ni esa tragedia mueve la agenda de las organizaciones sociales hacia planteamientos más democráticos y constructivos.

Sería terrible constatar que el fracaso del diálogo anunciado el miércoles por la noche en Imbabura es producto de la crisis, las revanchas y los reacomodos internos de los sectores indígenas.

Por otro lado, en un ejercicio de transparencia urgente y elemental, el Gobierno tiene que decir a los grupos alzados a qué acuerdos es capaz de llegar. Una mesa diálogo es un medio, no el fin para cerrar una protesta.

Esto significa que, de cara a la opinión pública, los emisarios del presidente Noboa deben reconocer que el portafolio de compensaciones que se diseñó para compensar el alza del diésel no calma las tensiones.

Revise también: El paro solo se acabará en Buenos Aires

No retroceder en la derogatoria del decreto que tiró abajo el subsidio es una decisión de política pública e institucional acertada por dos razones. Primero, porque en unos meses más, cuando el paro se levante, la ley de la oferta y la demanda pondrá las cosas y los precios en su sitio para sincerar el verdadero impacto económico de la medida.

En segundo lugar, porque los ecuatorianos, sus élites, instituciones y organizaciones de todo nivel deben entender que la obligación de cualquier gobierno es tomar medidas y ejecutar programas. Y que más allá del legítimo derecho a la protesta, la administración de la República debe seguir su marcha.

Si los indígenas están descontentos con el gobierno, usen la consulta popular del 16 de noviembre para demostrarlo.

Y hasta que ello ocurra, Noboa tiene que dejar de lado sus imposiciones y abrir la baraja: qué tal si opta por congelar el actual precio del diésel sin subsidio por unos meses.

El juego de la democracia obliga a ceder y avanzar con miradas más propositivas. De lo contrario, el país no tendrá futuro.