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Imagen referencial de militares custodiando las calles de Cuenca, por el apagón nacional previsto para el 18 de septiembre de 2024. ( )
La violencia se ha normalizado tan rápido en Ecuador que el grado de conmoción por una tragedia solo se mide en muertos. Por eso, el intento de asesinato, la mañana de este jueves 19 de septiembre, a una funcionaria administrativa del sistema carcelario, SNAI, se diluyó en la vorágine informativa.
Ventajosamente y pese a las heridas, ella y su esposo han logrado sobrevivir.
La indolencia colectiva ante estos hechos no es el único indicador que debe preocuparnos. El otro es nuestra dificultad para leer procesos y anticiparnos a coyunturas que aumentar el terror en esa racha de inseguridad que está por entrar al cuarto año.
En menos de un mes han sido atacadas cuatro personas vinculadas al SNAI. Varias más en lo que va del año.
El crimen, la semana pasada, contra la directora de la Penitenciaría del Litoral, Daniela Icaza, de 35 años, generó una ola de críticas por el hecho de que ella no se movilizaba en un auto blindado. Y que tanto el SNAI como la Policía y el Ministerio del Interior, en cabeza de Mónica Palencia, no han dudado en exhibir su injustificable impavidez, al señalar que no había informes, protocolos o alertas precisas de que Icaza necesitaba seguridad especial, cuando ese, por esencia, es un cargo vulnerable.
Por otro lado, estas muertes e intentos de sicariato plantean una hipótesis urgente. ¿Qué tan frágil es la situación de las cárceles en el país? ¿En qué momento puede desatarse otra matanza, precisamente por la manera en la que quienes están obligados a cuidarla, son amedrentados y masacrados?
¿Qué buscan los mafiosos con estos crímenes selectivos: debilitar, amedrentar y someter a quienes custodian estos infiernos? ¿La cercanía del calendario electoral puede desatar otra ola de inestabilidad y terror? Esta reflexión no espera una respuesta del Gobierno, tan parco a la hora de hablar de lo importante.
Además, se entiende que mediante inteligencia y operativos reservados ha sido posible mantener el orden que en los últimos meses se ha sentido en las prisiones.
Pero la ciudadanía no puede descuidarse de estos últimos acontecimientos y, sobre todo, debe exigirle al Gobierno que los funcionarios expuestos a la sevicia de los mafiosos tengan protocolos de cuidado y seguridad, para no llorar más víctimas ni escuchar excusas absurdas de quienes juraron frenar la delincuencia.
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