19 feb 2019 , 11:35

Cinco expertos formarán Comisión contra la Corrupción

Contralor aclaró que el convenio no subroga competencias de las instituciones del Estado.

Este martes 19 de febrero de 2019, los titulares del Consejo de la Judicatura (CJ), Dra. María del Carmen Maldonado; y Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República (SAPR), Dr. Iván Granda se adscribieron al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos.

El documento fue suscrito el 21 de enero pasado por el Contralor General del Estado (CGE), Dr. Pablo Celi de la Torre; Fiscal General del Estado (FGE), Dra. Ruth Palacios; Procurador General del Estado, Dr. Diego Regalado (PGE); y, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Dra. Diana Salazar

Granda, en otra rueda de prensa junto al canciller José Valencia, indicó que cinco expertos internacionales conformarán la Comisión Internacional contra la corrupción. Por su parte, Valencia aseguró que se trabaja para que el proceso de conformación se enmarque en ordenamiento jurídico del país y respetando soberanía. Granda dijo que será un proceso de fortalecimiento de las instituciones.  

Según la Contraloría, el objetivo del acuerdo es “establecer e implementar mecanismos de cooperación para fortalecer el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos”.

El contralor Pablo Celi calificó de positiva la iniciativa impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno, de crear una Comisión Internacional contra la Corrupción. "Es positiva y complementaria a las acciones de coordinación que las instituciones nacionales debemos tener en el ámbito de nuestras competencias tanto para la investigación como la judicialización de los procesos y la recuperación de los recursos", dijo Celi. 

Para Celi, una cooperación de orden internacional en este campo es "muy importante y trascendente" para que "se aporte información, metodologías y acciones para identificar redes, rutas y responsables de delitos contra el interés público".

El funcionario aclaró que el convenio no subroga las competencias de cada una de las instituciones. "Al contrario, le aportan para organizar una cooperación y asistencia internacional que es de ayuda procesal para cada uno de nosotros y los objetivos interinstitucionales", aseveró Celi. 

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