Consejo de Administración Legislativa analiza sentencia contra Ecuador por tema Chevron

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará si es necesaria una investigación o fiscalización política en busca de los responsables por el fallo a favor de Chevron, empresa estadounidense que operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 en consorcio con la estatal Petroecuador.

Esa petición será mocionada por uno de los integrantes del CAL, el asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano. Según diario El Telégrafo, Torres le propondrá esta moción personalmente a la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en Riobamba. 

Asimismo, propuso a la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, que convoque al procurador del Estado, Íñigo Salvador, para que aclare la sentencia jurídica.

El sábado el abogado de los pobladores afectados Pablo Fajardo dijo que el fallo de una corte de La Haya que anula una condena por 9.500 millones de dólares contra Chevron por daños ambientales en Ecuador es "inaplicable". Afirmó que "el que contamina paga".

"No vamos a permitir ni aceptar que sea todo el país el que pague por el crimen de Chevron. El que contamina paga, quien contaminó fue Chevron y deben pagar ellos", señaló Fajardo a la AFP.

La decisión de un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya considera que Ecuador violó un Tratado de Protección de Inversiones entre Washington y Quito, y denegó justicia a la petrolera estadounidense, lo que puede ser sancionado con el pago de una indemnización por parte del Estado ecuatoriano.

Fajardo estimó que "el laudo es inaplicable" porque el arbitraje entre Ecuador y Chevron es un caso distinto al que llevan los pobladores amazónicos desde hace 25 años contra la firma, a la que acusan de derramar miles y miles de desechos tóxicos que contaminaron el suelo y las fuentes de agua, afectando a unas 30.000 personas.

El fallo implica "obligar al Estado ecuatoriano a violar la norma constitucional y a irrespetar la independencia de las distintas funciones del Estado. Eso no es legal, ni procedente", agregó.

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