Gobierno pide acciones contra Correa y sus funcionarios por daños en caso Chevron

Este 7 de septiembre del 2018, la Secretaría General de la Presidencia entregó   al procurador General del Estado, Iñigo Salvador, el pedido formal del Gobierno Nacional para que “inicie de manera inmediata las auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, contra los responsables de gravísimos daños causados al Estado ecuatoriano y de esa manera ejercer el derecho a repetición contra los exfuncionarios del anterior Gobierno”, como consecuencia de la sentencia adoptada por el Tribunal Arbitral de La Haya, en el arbitraje realizado bajo normas UNCITRAL, planteado por Chevron-Texaco en contra de Ecuador.

 

En su misiva, el secretario Eduardo Jurado indica que este fallo expone al Estado ecuatoriano “al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que ya se pueden prever cuantiosas sumas de dinero”, que causarán graves daños al desarrollo del país y afectarán su futuro.

 

El régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo político y mediático, y empleó fondos públicos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en esta sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya.

 

En tal sentido, el Secretario Jurado pide a la Procuraduría General del Estado aplicar el derecho de repetición que establece la Constitución de la República, contra exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa, “toda vez que las consecuencias de las acciones u omisiones del anterior Gobierno no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano”.

 

El Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya falló en contra de Ecuador, que deberá pagarle a Chevron una indemnización que será fijada en una siguiente etapa.

 

Durante una rueda de prensa, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, indicó que el monto será muy alto y que los pobladores de la Amazonía deben iniciar nuevas acciones.

 

Tras este fallo, la sentencia de Lago Agrio, que ordenó a Chevron pagar USD 9500 millones a los pobladores afectados (juicio que duró más de 20 años), quedó invalidada.

 

El Tribunal Arbitral declaró a Ecuador responsable de violar el Tratado Bilateral de Inversiones y otras responsabilidades.

 

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Chevron solicitó al tribunal de La Haya que Ecuador se haga cargo de los USD 9 500 millones de la sentencia a la que fue sometida la firma en el 2011, por la Corte Provincial de Sucumbíos.

 

Ese litigio empezó en 1993, cuando comunidades iniciaron una demanda por supuestos daños ambientales, en contra de Chevron-Texaco. 

 

El gobierno de Ecuador acusó este jueves 6 de septiembre al exmandatario Rafael Correa de haber gastado diez millones de dólares de fondos públicos para apoyar una campaña privada de indígenas contra la petrolera Chevron, condenada por daño ambiental.

 

Tras 25 años de litigio, en julio pasado la Corte Constitucional de Ecuador ratificó en última instancia la sentencia de la justicia local que obliga a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares a pobladores amazónicos.

 

La petrolera endosa la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio, y se rehúsa a pagar la indemnización alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.

 

 

COMUNICADO OFICIAL Petición de @EJuradoB, Secretario General de la @Presidencia_EC, al Procurador General del Estado para ejercer el derecho a la repetición contra exfuncionarios del gobierno anterior, responsables en el laudo arbitral por el caso Chevron. pic.twitter.com/q176XB3FKz

— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 7 de septiembre de 2018