Fiscal que se abstuvo de acusar a Capaya enfrenta cuestionamientos por su decisión

Sobre el dictamen abstentivo emitido el 14 de febrero por el delito de peculado en el caso Petroecuador, el Fiscal General del Estado solicitó que el dictamen sea elevado a consulta para que la Fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno, analice el expediente. Según Moreno, la fiscal Elba Garzón, que se abstuvo de acusar a Capaya, está bajo el mando directo del fiscal general y que fue designada por él.

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Durante una rueda de prensa, este 16 de febrero, la fiscal subrogante Tania Moreno, informó sobre los cambios administrativos que Baca habría ordenado para su despacho. 

Moreno denunció que a raíz de la indagación que abrió en contra del fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, le retiraron a 26 policías de su unidad y a 7 de sus 10 colaboradores. Al momento trabaja solo con 3 personas en su despacho.

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Según reveló Moreno, por disposición de Baca Mancheno le habrían disminuido a su personal jurídico que investigaba casos de corrupción como Petroecuador. "Me estoy quedando sin el apoyo jurídico", manifestó; además dijo que su equipo lo conocía el Fiscal General desde mayo de 2017.

La funcionaria lleva adelante la investigación previa por presunto peculado a su superior, Carlos Baca Mancheno, por un supuesto informe con indicios de responsabilidad penal, cuando él se desempeñó como presidente de la Comisión 30-S, instancia designada por el entonces mandatario Rafael Correa por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. 

Moreno ha sostenido que solo cumple con la ley, que no hay intereses detrás, y que prevé llamarlo a declarar. Por su parte Baca ha sostenido que "la indagación de la Dra. Moreno carece de sustento", y que "hay personas con fuero de corte detrás de todo esto".

Por otro lado, el contralor subrogante Pablo Celi acudió la Fiscalía General para presentar una queja por la abstención fiscal en el caso de peculado en la refinería de Esmeraldas. Según el funcionario, la Contraloría confirmó que hay un perjuicio al estado por unos 6 millones de dólares.

Por este tema fueron señalados como responsables Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), Álex Bravo y otros funcionarios de la estatal, sin embargo la fiscal Elba Garzón se abstuvo de acusarlos.