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No es necesario concurso para frecuencias, según ministro

Redacción

tmenendez

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Martes 25 de Septiembre de 2018 - 15:17
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  • ECUADOR.- Presidente de AER pide que se otorgue títulos habilitantes a quienes cumplieron requisitos. Foto: Archivo
ECUADOR.- Presidente de AER pide que se otorgue títulos habilitantes a quienes cumplieron requisitos. Foto: Archivo

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) llegó con un pedido a la Asamblea Nacional: que se incluya entre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación el otorgamiento de las frecuencias para radio y televisión.

Kléver Chica, titular de la AER nacional, presentó la propuesta durante el primer debate del proyecto de ley. "Las frecuencias que actualmente están concedidas, sean a los sectores públicos, privados y comunitarios, que no hubiesen presentado cuestionamientos administrativos legales o técnicos por parte de la Contraloría y sus distintos informes, recibirán el título habilitante o contrato, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de la presente reforma".

 

Revise: Asamblea recibe a gremios de comunicación un día antes de debatir reformas a Ley de Comunicación

 

A esta solicitud se sumó Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, ambos sugirieron que se incluya en las reformas, como disposición transitoria, que aquellos medios que hayan cumplido los requisitos, en el concurso de frecuencias que fue suspendido por la Contraloría, se les otorgue los títulos habilitantes y en los otros se las revierta al Estado.

El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, señaló -en cambio- que no es necesario un concurso para otorgar los permisos de funcionamiento. "Estamos en la posibilidad de tener más oferta que demanda... basta una buena administración para garantizar el acceso igualitario".

Explicó que Ecuador tiene 22 zonas determinadas, de las cuales cuatro son las más críticas: Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. En estas, según el Ministro, se registran 49 frecuencias, pero la capacidad, para todas las zonas, es para 100.

El funcionario planteó que se revise el artículo 106 de la Ley de Comunicación, que establece la distribución equitativa de frecuencias: 33 % para medios privados, el 33 % para públicos y el 34 % para comunitarios. En su lugar, propuso que el 34% se conserve para los comunitarios y el resto, el 66 %, para públicos y privados, sin división, es decir, se les otorgaría a quienes cumplan los requerimientos contractuales y legales.

Otros temas revisados

La eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), de la censura previa y del linchamiento mediático, y el derecho a la rectificación fueron algunas de las propuestas que se analizaron en la sesión del pleno legislativo de este 25 de septiembre de 2018. "Queremos una Ley que construya la paz y libertad, que reconozca los derechos de los ciudadanos y comunicadores, además de garantizar la libertad de pensamiento", resaltó el asambleísta Jaime Olivo, al informar que hubo consenso para frenar atropellos, abusos y persecución a los comunicadores, medios o ciudadanos. 

Según dijo, la Comisión de Derechos Colectivos enfocó su trabajo en la construcción de una Ley de Comunicación para el ciudadano, la colectividad y la comunidades.

A la legisladora Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión, le preocupa el tema de la autorregulación de los medios y la eliminación de medidas administrativas. Dijo que en el manejo de la información, existen algunos actores, por lo que no se puede endosar la responsabilidad únicamente al periodista sobre un error que se pueda cometer.

Asimismo, defendió la profesionalización como un mecanismo para construir una comunicación de calidad, sin dejar de reconocer las experiencias y las características particulares que tienen los medios comunitarios y de nacionalidades y pueblos. 

Luego de cinco horas de debate, la sesión fue suspendida y se retomará el próximo 27 de septiembre de 2018.

La Comisión de Derechos Colectivos concluyó el 6 de septiembre el informe sobre el proyecto con 14 reformas, enviado por el Ejecutivo, y en el que -según los miembros de esta mesa legislativa-, recibió observaciones de más de 80 actores.

 

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) llegó con un pedido a la Asamblea Nacional: que se incluya entre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación el otorgamiento de las frecuencias para radio y televisión.

Kléver Chica, titular de la AER nacional, presentó la propuesta durante el primer debate del proyecto de ley. "Las frecuencias que actualmente están concedidas, sean a los sectores públicos, privados y comunitarios, que no hubiesen presentado cuestionamientos administrativos legales o técnicos por parte de la Contraloría y sus distintos informes, recibirán el título habilitante o contrato, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de la presente reforma".

 

Revise: Asamblea recibe a gremios de comunicación un día antes de debatir reformas a Ley de Comunicación

 

A esta solicitud se sumó Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, ambos sugirieron que se incluya en las reformas, como disposición transitoria, que aquellos medios que hayan cumplido los requisitos, en el concurso de frecuencias que fue suspendido por la Contraloría, se les otorgue los títulos habilitantes y en los otros se las revierta al Estado.

El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, señaló -en cambio- que no es necesario un concurso para otorgar los permisos de funcionamiento. "Estamos en la posibilidad de tener más oferta que demanda... basta una buena administración para garantizar el acceso igualitario".

Explicó que Ecuador tiene 22 zonas determinadas, de las cuales cuatro son las más críticas: Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. En estas, según el Ministro, se registran 49 frecuencias, pero la capacidad, para todas las zonas, es para 100.

El funcionario planteó que se revise el artículo 106 de la Ley de Comunicación, que establece la distribución equitativa de frecuencias: 33 % para medios privados, el 33 % para públicos y el 34 % para comunitarios. En su lugar, propuso que el 34% se conserve para los comunitarios y el resto, el 66 %, para públicos y privados, sin división, es decir, se les otorgaría a quienes cumplan los requerimientos contractuales y legales.

Otros temas revisados

La eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), de la censura previa y del linchamiento mediático, y el derecho a la rectificación fueron algunas de las propuestas que se analizaron en la sesión del pleno legislativo de este 25 de septiembre de 2018. "Queremos una Ley que construya la paz y libertad, que reconozca los derechos de los ciudadanos y comunicadores, además de garantizar la libertad de pensamiento", resaltó el asambleísta Jaime Olivo, al informar que hubo consenso para frenar atropellos, abusos y persecución a los comunicadores, medios o ciudadanos. 

Según dijo, la Comisión de Derechos Colectivos enfocó su trabajo en la construcción de una Ley de Comunicación para el ciudadano, la colectividad y la comunidades.

A la legisladora Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión, le preocupa el tema de la autorregulación de los medios y la eliminación de medidas administrativas. Dijo que en el manejo de la información, existen algunos actores, por lo que no se puede endosar la responsabilidad únicamente al periodista sobre un error que se pueda cometer.

Asimismo, defendió la profesionalización como un mecanismo para construir una comunicación de calidad, sin dejar de reconocer las experiencias y las características particulares que tienen los medios comunitarios y de nacionalidades y pueblos. 

Luego de cinco horas de debate, la sesión fue suspendida y se retomará el próximo 27 de septiembre de 2018.

La Comisión de Derechos Colectivos concluyó el 6 de septiembre el informe sobre el proyecto con 14 reformas, enviado por el Ejecutivo, y en el que -según los miembros de esta mesa legislativa-, recibió observaciones de más de 80 actores.

 

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