17 sep 2018 , 02:06

Exmandatario denuncia “falta de independencia” en Ecuador

La denuncia surge un día antes de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Balda.

Los consejeros jurídicos del expresidente de la República, Rafael Correa, denunciaron ante Naciones Unidas "falta de independencia de las autoridades judiciales ecuatorianas", como en el llamado 'caso Balda'.

Según el documento de la denuncia, presentada ante el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados, se "demuestra la persecución judicial al expresidente Correa por razones políticas", señalan en la nota el abogado Christophe Marchand y el jurista Ludovic Hennebel.

 

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La justicia ecuatoriana investiga al exmandatario (2007-2017) por su presunta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta alterno Fernando Balda en Colombia, en 2012, que la Policía colombiana frustró.

Correa, quien reside desde 2017 en Bélgica, país de origen de su esposa, niega cualquier implicación en los hechos y acusa a su vicepresidente de 2007 a 2013 y actual jefe de Estado, Lenín Moreno, de orquestar un "complot" en su contra.

El anuncio de la denuncia llegá un día antes de la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, por su presunta participación y la de otros cinco procesados en el secuestro de Balda.

Sus consejeros denuncian además "la violación de una lista sustancial de derechos y libertades, la manipulación de las autoridades judiciales por el Ejecutivo y por actores que sirven a los intereses de este", agrega el comunicado.

Por ello, piden al relator de la ONU, el peruano Diego García-Sayán, "que investigue los hechos y las presuntas violaciones de los derechos humanos" y recomiende a Quito "la adopción de medidas apropiadas para poner fin a esas violaciones".

Para Marchand y Hennebel, Correa está "siendo procesado sin ninguna prueba" en el llamado caso Balda, en un proceso que, en su opinión, "viola sistemáticamente las reglas básicas de un juicio justo" y busca "evitar que participe en la vida democrática y política del Ecuador".

 

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