Protegerán a denunciantes de "diezmos" en la Asamblea

La Fiscalía General del Estado investiga tres denuncias por cobros ilegales en la Asamblea Nacional. Así lo anunció el fiscal titular encargado, Paúl Pérez, este 13 de septiembre de 2018.

En un evento con la Comisión Nacional Anticorrupción, Pérez dijo el estado de esas diligencias. “Las investigaciones están siendo muy productivas, respecto de ciertos cobros a diferentes asambleístas y canidatos a la Asamblea, se están obteniendo elementos de convicción, tenemos tres denuncias, mismas que se están analizando”.

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Asimismo, señaló que los denunciantes ingresarán al sismtea de protección a víctimas.

Simultáneamente, otra denuncia se hacía formal en la Fiscalía. Se trata la de Andrea Utreras, exasesora de Comunicación de una legisladora de Manabí. “Yo fui testigo de cómo se exigían pagos al movimiento Alianza PAIS, he presentado a la Fiscalía la narración de los hechos de los que yo he sido testigo”.

Andrea Utreras, exasesora de comunicación de una asambleísta de Manabí, denuncia en Fiscalía cobros indebidos. "Fui testigo de cómo se exigían pagos al movimiento Alianza PAIS, he presentado a Fiscalía la narración de los hechos de los que yo he sido testigo". Vía @apifoto pic.twitter.com/tgKiTmM34R

— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 13 de septiembre de 2018

Cuando reveló su caso, enfantizó que no es afiliada a ninguna organización política, y que cuando fue contratada no le dijeron que debía aportar al movimiento. “En el despacho, entre cuatro asesores y asistentes entregábamos $400, pero el aporte no era voluntario”. También la señaló por tener que cubrir otros gastos, como almuerzo o movilización de la parlamentaria.

“Esperamos una respuesta inmediata, si es que esta petición que estamos haciendo a la Fiscalía no es atendida, procederemos a hacer públicas las pruebas que tenemos”, manifestó la exfuncionaria.

Otra denuncia fue presentada contra el asambleísta Sebastián Palacios, quien analiza la demanda y niega ser parte del esquema de corrupción parlamentario. El legislador dijo que esperará a que terminen las investigaciones para adoptar acciones.

En tanto, el asambleísta Tito Puenchir, uno de los acusados de supuestamente realizar cobros ilegales a sus empleados, hoy apareció para negarlo. Niega que la acusadora Marta Campoverde sea su colaboradora. Reconoce, asimismo, que dentro de un proceso le está devolviendo dinero, aunque dice que no es por descuentos salariales.

El 12 de septiembre de 2018, Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), afirmó que investiga el tema. “El trabajo es reservado, el resultado será remitido a la Fiscalía”.