Cesados Gustavo Jalkh y vocales de la Judicatura

En su evaluación, el Consejo de Participación transitorio detectó conflicto de intereses.

Jalkh tendrá tres días para apelar la decisión. Foto: API
4 Junio, 2018, 3:31 pm
Por: Redacción 
Dos meses después de que anunciara la evaluación a las autoridades del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio cesó este 4 de junio de 2018 de sus funciones al presidente Gustavo Jalkh y a sus vocales.
 
"Cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura: Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía", consta en la resolución que fue aprobada por unanimidad por el pleno del CPCCS Transitorio. Además, dispuso que se continúe con la investigación de las denuncias presentadas durante el proceso. Las autoridades evaluadas tendrán tres días de plazo para impugnar la decisión.
 
La sesión del pleno se instaló a las 10H15 en el teatro de la Universidad Central de Quito, en la que los evaluados fueron los grandes ausentes. 
 
 
 
 
Tras más de cinco horas de lectura del informe de evaluación a la entidad (de 167 páginas), el titular del Consejo, Julio César Trujillo, anunció la decisión de cesarlo de sus funciones por, entre otras cosas, falta de independencia de funciones, así como asociación, cercanía y amistad de los integrantes del Consejo de la Judicatura con el expresidente Rafael Correa. Se consideraron cinco parámetros para este proceso:
  • Legitimidad del cargo
  • Cumplimiento de funciones
  • Debida gestión de recursos públicos
  • Transparencia 
  • Evaluación ciudadana
 
 
El organismo transitorio también detectó conflicto de intereses de los consejeros de 2013 en decisiones judiciales durante la administración del gobierno de Rafael Correa. En el documento se señala que cuatro consejeros habían desempeñado cargos en algunas entidades del Gobierno, lo que implicaría un conflicto de intereses y que debió ser considerado previo a su designación. “No cumplía con las garantías de independencia y objetividad al designar a los vocales”. Los integrantes del Consejo de Participación de ese entonces que se observan son:
 
  • Marcela Miranda, asesora de la ministra del Litoral, Carolina Portaluppi.
  • Fernando Cedeño Rivadeneira, subdirector del Registro Civil.
  • Tatiana Ordeñana, directora provincial del Infa.
  • Mónica Banegas, consejera del CPCCS.
 
Ese consejo designó el 9 de enero de 2013 a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Paulo Rodríguez y Tania Arias como vocales principales de la Judicatura para los próximos seis años, es decir que sus funciones concluían en 2019. Pero Rodríguez y Arias renunciaron a sus cargos, en agosto de 2013 y febrero de 2015, respectivamente, y luego fueron reemplazados por Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez. En todos ellos también se detectó conflicto de intereses por su cercanía con el anterior régimen. “Los cargos de control de la Judicatura estuvieron ejecutados por funcionarios con una estrecha vinculación con el Ejecutivo”, agrega el informe de evaluación.
 
 
 
 
En el proceso de evaluación del ente transitorio, se tomó en cuenta el pronunciamiento de Human Rights Watc (HRW), que en 2014 remitió una carta con su “preocupación con respecto al proceso de reforma judicial que se desarrolla actualmente en Ecuador y que ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país”.
 
Se refirió puntualmente a los vocales principales Tania Arias y Paulo Rodríguez, en cuya elección “el Consejo no asignó correctamente los puntajes en ciertas etapas del proceso de selección... Estos nombramientos no cumplen con los estándares internacionales para la designación de jueces”.
 
Asimismo, 830 denuncias ciudadanas se incorporaron al expediente de evaluación.
 
El 31 de mayo de 2018, día de la audiencia pública en la que las autoridades de la Judicatura debieron presentar sus alegatos se produjeron impasses entre el titular de este organismo y el del transitorio, que derivó en el abandono de esa diligencia por parte de todos los vocales.
 
¿Por qué Jalkh ha estado en la mira?
La gestión de Jalkh ha sido seriamente cuestionada por varios actores políticos, sociales y judiciales del país. Uno de los señalamientos es la cercanía del funcionario, ahora cesado, con el expresidente Correa, al haber sido su secretario particular, su ministro de Gobierno y luego de Justicia, entre los años 2007 y 2010.
 
Jalkh también está en la mira de la Asamblea Nacional, donde varios legisladores lo quieren llevar a juicio político, junto con los vocales, por incumplimiento de funciones, este trámite se encuentra en la Comisión de Fiscalización, que luego de conocer las pruebas de cargo y descargo debe elaborar el informe recomendando su realización o archivo. 
 
Algunas de las pruebas, presentadas por los asambleístas interpelantes Esteban Bernal y Raúl Tello, también llegaron hasta el transitorio, entre ellas el señalado concurso de fiscales provinciales, el cual Jalkh responsabiliza a la Fiscalía, tras conocer un informe de la Contraloría al respecto.
 
 
 
Dos meses después de que anunciara la evaluación a las autoridades del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio cesó este 4 de junio de 2018 de sus funciones al presidente Gustavo Jalkh y a sus vocales.
 
"Cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura: Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía", consta en la resolución que fue aprobada por unanimidad por el pleno del CPCCS Transitorio. Además, dispuso que se continúe con la investigación de las denuncias presentadas durante el proceso. Las autoridades evaluadas tendrán tres días de plazo para impugnar la decisión.
 
La sesión del pleno se instaló a las 10H15 en el teatro de la Universidad Central de Quito, en la que los evaluados fueron los grandes ausentes. 
 
 
 
 
Tras más de cinco horas de lectura del informe de evaluación a la entidad (de 167 páginas), el titular del Consejo, Julio César Trujillo, anunció la decisión de cesarlo de sus funciones por, entre otras cosas, falta de independencia de funciones, así como asociación, cercanía y amistad de los integrantes del Consejo de la Judicatura con el expresidente Rafael Correa. Se consideraron cinco parámetros para este proceso:
  • Legitimidad del cargo
  • Cumplimiento de funciones
  • Debida gestión de recursos públicos
  • Transparencia 
  • Evaluación ciudadana
 
 
El organismo transitorio también detectó conflicto de intereses de los consejeros de 2013 en decisiones judiciales durante la administración del gobierno de Rafael Correa. En el documento se señala que cuatro consejeros habían desempeñado cargos en algunas entidades del Gobierno, lo que implicaría un conflicto de intereses y que debió ser considerado previo a su designación. “No cumplía con las garantías de independencia y objetividad al designar a los vocales”. Los integrantes del Consejo de Participación de ese entonces que se observan son:
 
  • Marcela Miranda, asesora de la ministra del Litoral, Carolina Portaluppi.
  • Fernando Cedeño Rivadeneira, subdirector del Registro Civil.
  • Tatiana Ordeñana, directora provincial del Infa.
  • Mónica Banegas, consejera del CPCCS.
 
Ese consejo designó el 9 de enero de 2013 a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Paulo Rodríguez y Tania Arias como vocales principales de la Judicatura para los próximos seis años, es decir que sus funciones concluían en 2019. Pero Rodríguez y Arias renunciaron a sus cargos, en agosto de 2013 y febrero de 2015, respectivamente, y luego fueron reemplazados por Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez. En todos ellos también se detectó conflicto de intereses por su cercanía con el anterior régimen. “Los cargos de control de la Judicatura estuvieron ejecutados por funcionarios con una estrecha vinculación con el Ejecutivo”, agrega el informe de evaluación.
 
 
 
 
En el proceso de evaluación del ente transitorio, se tomó en cuenta el pronunciamiento de Human Rights Watc (HRW), que en 2014 remitió una carta con su “preocupación con respecto al proceso de reforma judicial que se desarrolla actualmente en Ecuador y que ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país”.
 
Se refirió puntualmente a los vocales principales Tania Arias y Paulo Rodríguez, en cuya elección “el Consejo no asignó correctamente los puntajes en ciertas etapas del proceso de selección... Estos nombramientos no cumplen con los estándares internacionales para la designación de jueces”.
 
Asimismo, 830 denuncias ciudadanas se incorporaron al expediente de evaluación.
 
El 31 de mayo de 2018, día de la audiencia pública en la que las autoridades de la Judicatura debieron presentar sus alegatos se produjeron impasses entre el titular de este organismo y el del transitorio, que derivó en el abandono de esa diligencia por parte de todos los vocales.
 
¿Por qué Jalkh ha estado en la mira?
La gestión de Jalkh ha sido seriamente cuestionada por varios actores políticos, sociales y judiciales del país. Uno de los señalamientos es la cercanía del funcionario, ahora cesado, con el expresidente Correa, al haber sido su secretario particular, su ministro de Gobierno y luego de Justicia, entre los años 2007 y 2010.
 
Jalkh también está en la mira de la Asamblea Nacional, donde varios legisladores lo quieren llevar a juicio político, junto con los vocales, por incumplimiento de funciones, este trámite se encuentra en la Comisión de Fiscalización, que luego de conocer las pruebas de cargo y descargo debe elaborar el informe recomendando su realización o archivo. 
 
Algunas de las pruebas, presentadas por los asambleístas interpelantes Esteban Bernal y Raúl Tello, también llegaron hasta el transitorio, entre ellas el señalado concurso de fiscales provinciales, el cual Jalkh responsabiliza a la Fiscalía, tras conocer un informe de la Contraloría al respecto.