Guerrilleros tienen centros de tortura en frontera norte

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, reveló que existen denuncias sobre la reaparición de ‘casas de ajuste de cuentas’ y casos de violencia sexual contra menores de edad, personas en condición de discapacidad y población LGBTI en Tumaco, Nariño, localidad fronteriza con Ecuador.

Asimismo, dijo que 22 barrios en Tumaco permanecen afectados por disputas sobre el control de esos territorios, donde se comercializa la droga, entre grupos armados nacidos de la desmovilización de las FARC.

Carrillo afirmó que el Estado colombiano no ha podido recuperar la presencia y control en zonas donde operan los grupos armados ilegales en Tumaco. Agregó que para quienes se sometieron a los acuerdos existe una justicia, pero “para quienes persisten en delinquir y son más narcotraficantes disfrazados de guerrilleros, tiene que venir todo el peso de la ley” y que la prueba de fuego de la consolidación de la paz comienza en la frontera con Ecuador.

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Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia denunciarán ante la CIDH el incremento de agresiones que sufren por parte de los disidentes de las FARC.

A pesar de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, "en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), la reparamilitarización ha aumentado, con la presencia de 17 grupos armados al margen de la ley, de cortes paramilitares y subversivos", declaró John Jairo Tapie, del pueblo Pasto.

Este año 570 indígenas pastos quedaron en medio de un combate entre la guerrilla guevarista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo rebelde reconocido por el gobierno, y el frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra, por lo que tuvieron que huir a Ecuador para salvar sus vidas, agregó.

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