La minería ilegal no se va de Buenos Aires, Imbabura
En seis años de operaciones militares y policiales contra la minería ilegal en La Merced, parroquia Buenos Aires, Imbabura, la fuerza pública no ha logrado controlar la explotación de oro.
Los últimos informes de inteligencia del bloque de seguridad revelan que más de 2 000 personas, nacionales y extranjeras, trabajan directa e indirectamente en la explotación de los recursos en Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, que habían sido concesionadas a la empresa australiana Hanrine.
La primera intervención estatal se realizó en julio de 2019, con 2 400 uniformados, 1 200 militares y 1 200 policías, para desalojar a aproximadamente 7 000 mineros que ocupaban las montañas de Buenos Aires.
Cerca de dos meses estuvo la fuerza pública destruyendo los campamentos en San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en convenio con la Empresa Nacional Minera, sacó 1 200 toneladas de material mineralizado incautado en la intervención en las minas. Después del primer desalojo, la fuerza pública redujo la cantidad de uniformados en la zona y el número de operaciones de control.
En 2021, posterior a la pandemia, los informes oficiales dan cuenta del retorno progresivo de mineros a Buenos Aires bajo control del grupo armado organizado, Los Lobos. Desde entonces el ejército ha realizado patrullajes específicos, sin presencia efectiva en la zona.
La complicidad de la fuerza pública complica el control minero en Buenos Aires
La falta de coordinación entre las instituciones, y también la complicidad de ciertos integrantes de la fuerza pública, ha facilitado el retorno de los mineros a Buenos Aires.
En agosto de 2024, cuatro militares fueron detenidos y procesados por dar seguridad y custodiar tres camiones con material aurífero, con un vehículo de las fuerzas armadas. En 2019 otros dos militares fueron procesados por sacar en un vehículo oficial material aurífero incautado a los mineros.
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